En el Banco de Costa Rica se oponen rotundamente a la venta de la institución.

Este martes, en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, el gerente general Douglas Soto y el asesor jurídico del BCR Manfred Saénz, expusieron las razones para esta oposición.

Según indican, además del golpe que significaría la venta de un banco tan importante para el país que aporta miles de millones en cargas parafiscales, el proyecto de venta no contempla que sucederá con los empleados de la institución y, lo que es más preocupante, se pretende que el negocio se dé fuera de los principios de contratación pública, incluso dejando por fuera a la Contraloría General de la República.

“El proyecto pretende excluirse de todos los procesos de contratación pública y no participa la Contraloría, salvo, un artículo que prevé la posibilidad de que se impugne el cartel, y ahí únicamente participa la Contraloría.  La Contraloría no entra siquiera a revisar o refrendar una negociación, que es una obligación constitucional”, declaró el asesor jurídico.

Los funcionarios consideras que es más lo que perdería el país con la venta del banco, que lo que ganaría por él. Por eso, el gerente general fue claro al oponerse al proyecto.

“El Banco de Costa Rica es un banco diferente a los demás bancos, principalmente porque está en todo lo que es banca universal, todo lo que es Gobierno Digital ayudando a democratizar los servicios, facilitando la vida a los costarricenses, ahí damos 11 servicios, no solo licencias y pasaportes, sino mucho más, y luego fideicomisos de obra pública que contribuyen fuertemente con el desarrollo económico de este país, entonces vender el banco me parece que perdería el país una importante herramienta de desarrollo sostenible, entonces en ese sentido, en lo personal no puedo estar de acuerdo”, agregó Soto.

Otras inquietudes de los representantes del BCR, es que el proyecto contempla que el mecanismo de venta queda sujeto al buen criterio del Consejo de Gobierno, no establece un precio mínimo de venta, y aseguran que, al pretender el banco por partes, la venta sería menor que si se vendiera el conglomerado completo.

También les preocupa el personal, ya que la propuesta no dice qué pasara con los empleados. Según Soto, el conglomerado BCR tiene 4.300, de los 3.900 laboran en el banco. El gerente dijo que, en caso de despedirlos, se deberían pagar alrededor de 20 mil millones de colones en prestaciones.

Entre otras observaciones, los funcionarios expusieron que el proyecto no toma en cuenta a las autoridades de la promoción de la competencia ni a las Superintendencias, que en el caso del BRC participa en la Sugef, Sugeval, Sugese y Supen.

Por último, criticaron que la asesoría para la venta del banco cuesta muchos millones de dólares, y se pretende que incluso una persona física se haga cargo de ella.

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