Si el Gobierno logra su cometido de vender -parcial o totalmente- el Banco de Costa Rica (BCR), esto afectaría hasta el pago de las pensiones alimentarias, las cuales -hasta el día de hoy- se gestionan por medio de esa entidad bancaria.

La advertencia la realizó la Corte Suprema de Justicia, la mañana de este lunes durante la sesión de Corte Plena. Allí, el magistrado Luis Guillermo Rivas expuso su análisis sobre el proyecto de ley N°. 23.331, llamado Venta de Conglomerado Financiero del BCR. 

Pese a una serie de observaciones que hizo, él consideró que esta iniciativa no afecta el funcionamiento y organización del Poder Judicial. No obstante, por mayoría (18 de los 20 magistrados presentes) rechazaron el informe de Rivas, ya que consideraron que sí tiene incidencia directa en la labor de la entidad por múltiples factores.

En su análisis, Rivas indicó que esta venta pondría en “riesgo” los trámites de cancelación de cuota alimentaria así como los depósitos judiciales, tales como las fianzas. La afectación se daría ya que no se podrían realizar esas gestiones en ese banco, teniendo que esperar para determinar cuál método se utilizará a partir de su venta.

“Podría impactar estas operaciones que son indispensables en la labor diaria de los despachos judiciales”, expuso Rivas.

Ante ello, la magistrada Iris Rocío Rojas enfatizó en que los más afectados, en este punto específico, son los beneficiarios de pensiones, quienes en su mayoría son menores de edad.

“Antes se hacía fila para ir a buscar la caja en los juzgados para ver si había depósitos a su nombre. La forma en cómo se organizan los juzgados que hacen estos giros (…) dan una facilidad para el usuario”, apuntó.

Pero si se habla en general de los depósitos judiciales, Rojas señaló que la labor del Poder Judicial no es solo dictar una resolución, sino que ejecutarla.  “El BCR es un colaborador de la administración de la justicia en términos de estos depósitos, que es ejecución material de la resolución jurisdiccional”, apuntó.

Alquileres

Sin embargo, la afectación no queda solo en términos de depósitos, sino que el nexo entre el BCR y el Poder Judicial incluye hasta alquiler de inmuebles.

Según dijo Rivas en su exposición, la entidad alquila dos edificios: uno ubicado en el barrio Los Ángeles, en San José; y, el otro, en Nicoya, Guanacaste.

En el local josefino, se le da espacio a la bodega del departamento de Proveeduría Institucional del Poder Judicial; mientras que las otras edificaciones dan cabida al Juzgado Civil de Trabajo y al Tribunal de Primera Instancia de esa materia.

“De no prorrogarse el préstamo de edificios afectaría el funcionamiento de esa operación”, expresó.

Eso, agregó Iris Rocío Rojas en otra intervención, obligaría incluso a subir la partida presupuestaria de alquileres, ya que habría que ubicar a este personal en otro sitio para que pueda seguir brindando servicio.

Debilidades

Más allá de esas afectaciones supra indicadas, Rivas indicó que hay varias debilidades detectadas en el proyecto de ley.

Él mencionó que hay una serie de compromisos que, justamente, se renovaron de forma indefinida con el BCR y, aseguró, hay que analizar qué pasará con eso. Para ejemplificar, mencionó que el 16 de diciembre del 2021 se firmó el convenio marco institucional entre  ambas entidades, así como cartas de entendimiento de cuentas corrientes, de operación de sistema de depósitos judiciales, entre otras.

En la iniciativa de ley, añadió, no se define cuánto plazo se dará para hacer el traslado de los recursos que se puedan tener en ese banco.

“Hay una omisión en definir tiempos y regulaciones que se tendrá para trasladar recursos que se tienen en custodia en esa entidad bancaria. Por ello, se debe analizar los instrumentos suscritos entre el Poder Judicial y el Banco de Costa Rica, así como la posibilidad  de que estas operaciones sean manejadas por otra entidad bancaria pública”, dijo.

No obstante, aseveró, este tipo de transacciones podrían tener un costo para la institución y ello hay que tomarlo en consideración. “Incluso es probable que se tenga que renegociar y quedar sujetos a lo que dicha entidad bancaria diga y a los posibles costos que puedan pretender”, mencionó.

Pese a esto, el magistrado consideró que esto no incidía en el funcionamiento del Poder Judicial. “No establece nuevas obligaciones de administración de justicia ni limita las que ejerce. Pero sí tendría implicaciones operativas de todos esos servicios por un eventual cambio de proveedor de servicios financieros. Estos tendrán que analizarse y buscar la alternativa para poder dar continuidad de servicios que presta la institución”, concluyó.

Sus compañeros rechazaron esa conclusión, asegurando que si se concreta la venta, esta impactaría “completamente” la labor de la entidad. Por ello, se opusieron al informe final de Rivas y le pidieron corregir el realizado para poder enviarlo a la brevedad a la Comisión de Gobierno y Administración, de la Asamblea Legislativa.

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