El ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Amador, aprovechó su audiencia en la Asamblea Legislativa para criticar a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), y anunciar que presentará un proyecto de ley para transformar a esta institución.

Amador, quien se ofreció para asistir a una sesión del Plenario a responder a las inquietudes que los diputados tenían sobre la revisión técnica vehicular y la contratación de la empresa Dekra, explicó que las tarifas propuestas por la empresa alemana no se pudieron establecer porque la Aresep no lo permitió.

El jerarca explicó cuál fue el proceso para seleccionar a Dekra y las acciones que hicieron para establecer tarifas máximas de inspección y reinspección, y en este último caso, no contar con tarifa mínima, sino que incluso pudiera ser cero.

“Para el ministerio la tarifa mínima sí puede ser cero, porque necesitamos buscar la baja de las tarifas. El modelo tarifario para el ministerio debería de ser potestad de la administración concedente, porque nos permite tener control y cuando estamos preparando un proceso que beneficia a la gente, sí lo podemos hacer. No debería de estar en las manos de la Aresep. La fiscalización igual la hacemos, si Aresep quiere fiscalizar los podemos dejar haciendo eso”, explicó el jerarca del MOPT.

Amador criticó la labor de Aresep y lamentó las cuantiosas sumas que ha pagado y debe pagar por concepto de indemnizaciones.

“La Aresep señores, es una autoridad costosa, y es costosa para la gente, para el pueblo, porque si ustedes se fijan, en el 2017 a 2019 pagaron 3.800 millones de colones en indemnizaciones por mala fijación tarifaria. En el 2021 tienen una previsión de 38.433 millones para pagos de juicios en ejecución de sentencia”, agregó Amador.

Es por eso que el ministro anunció que presentará un proyecto de ley para transformar Aresep, y pidió a los diputados que le ayudan a mejorar la propuesta.

“El precio de la regulación cuesta 3.680 millones en energía, 2.564 en agua, y en transporte 6.420 millones. Es una institución cara, que todos estos costos se los traslada a los costarricenses, y es autónoma y sus funcionarios están fuera del Servicio Civil”, finalizó Amador.

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