Un informe la Contraloría General de República (CGR) revela importantes carencias y debilidades en el Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Corredor Vial San José – San Ramón y sus radiales, lo que ha generado atrasos de más de dos años y que, debido a este tiempo de más, podría encarecer los costos de peajes en la ruta.

Según el ente controlador, en la etapa de pre inversión en la que se encuentra el proyecto, hay un desfaz de dos años, con un incremento del plazo aprobado de 950 días naturales, lo que representa un aumento alrededor del 50% en gastos por obligaciones ejecutadas por el Fiduciario respecto a lo proyectado inicialmente; el fiduciario es el Banco de Costa Rica.

A la CGR la preocupa que estos aumentos en tiempos y costos lleve el proyecto a una inviabilidad, al disminuir el tiempo disponible de la recuperación de la inversión dentro del plazo legal y contractual del Fideicomiso (30 años), implicando un riesgo de tarifas de peaje más elevadas o un mayor endeudamiento público.

El BCR culpó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) por los atrasos, ya que aseguran que es necesario que ejecuten algunas acciones para avanzar.

“En este momento hay una serie de asuntos pendientes que no han sido resueltos por MOPT-CONAVI, que están impidiendo al Banco de Costa Rica en su función de fiduciario, dar continuidad al proyecto de ampliación del corredor vial San José-San Ramón. Y algunos de estos procesos están relacionados con actividades de ruta crítica del proyecto, por ejemplo la consecución de financiamiento para la liberación del derecho de vía que está estimado en $97 millones, también todos los procesos relacionados con expropiaciones, desalojos, reasentamientos, liberación de todo el derecho de vida de todo el proyecto integral, es decir de todo el corredor vial”, explicó María Alvarado, vocera del Fideicomiso Ruta 1.

La Contraloría señala que no se cuenta con una definición del alcance, cronograma y los costos asociados a la fase constructiva, operativa y de mantenimiento del Proyecto Integral.

Además, señala que las llamadas Obras Impostergables (OBIS), se ejecutaron sin que existan razones técnicas para justificar “el apartarse de la secuencia lógica del ciclo de vida del Proyecto Integra”. También el ente indica que estas obras incrementaron los costos hasta ₡695.816.400.

Por último, la Contraloría señala que no se establecieron plazos de cumplimiento ni sanciones, algo que anteriormente señaló Luis Amador, ministro de transportes.

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