Actualmente, 8.000 personas están en situación de calle en el país y cerca de 100.000 migrantes venezolanos han llegado a Costa Rica y duermen a la intemperie o albergues, mientras encuentran su camino hacia el norte.

Ante esta situación, el Frente Amplio propuso un proyecto de ley para reformar la Ley de la Junta de Protección Social (JPS) y así incluir la atención a las personas habitantes de la calle y a las poblaciones migrantes en tránsito entre los programas de atención social y apoyo que pueden recibir financiamiento por parte de dicha entidad.

“Lamentablemente las organizaciones que reciben recursos de la JPS no pueden apoyar a las personas en condición de calle, ni tampoco a los migrantes, este proyecto permitiría y facilitaría que la ayuda humanitaria que se hace desde estos recursos que significa hasta el 2.75% de los recursos de la JPS, que recoge de sus ganancias en chances y lotería, se pueda usar para darle un mejor trato y apoyo a esta población en específico”, afirmó el diputado Antonio Ortega

Según los congresistas frente amplistas, nuestro país tiene diversas organizaciones no gubernamentales que atienden el bienestar social como parte central de su naturaleza y trabajan con este tipo de poblaciones, tales como: REMAR, Proyecto “Por media calle, por los de la calle”, la Asociación para disminuir el sufrimiento humano de Pérez Zeledón (REDISH), la Fundación Humanitas, la Asociación “Pro-ayuda al hermano limonense en situación de calle”, la Asociación para el rescate de la población en situación de calle de Turrialba (ARPOCATU), Chepe se Baña, entre varias otras.

Sin embargo, ninguna de estas organizaciones cuenta con financiamiento por parte de la Junta.

El proyecto propone reformar el inciso k) del artículo 8 de la Ley de Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales, Ley N° 8718 del 17 de febrero de 2009 y sus reformas, para que se lea así:

“De un uno coma setenta y cinco por ciento (1,75%) a unos dos comas setenta y cinco por ciento (2,75%) para programas de prevención y tratamiento de la farmacodependencia, alcoholismo, y atención de personas en condición de calle permanente o temporal, conforme al Manual de criterios para la distribución de recursos de la Junta de Protección Social.”

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