La Corte Suprema de Justicia impidió que la causa penal por la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) avanzara. Esto porque allí retuvieron durante cinco meses este expediente, pese a que no tenían la competencia para entrar a conocerlo.

El asunto comenzó cuando, el pasado 23 de febrero, la Fiscalía trasladó a la Corte la acusación en contra del  entonces presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, y del también diputado de ese momento, Víctor Morales Mora. Los señalaba por los presuntos delitos de prevaricato, fraude de ley y abuso de autoridad.

Ese era el proceso correcto, ya que, en ese entonces, tanto Alvarado como Morales contaban con inmunidad por los cargos que ocupaban. Lo que procedía era que los altos jueces determinaran si la pieza acusatoria cumplía con los elementos necesarios para juzgar a estos miembros de los Supremos Poderes y, por ende, poder solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento de su inmunidad.

Sin embargo, con el cambio de Gobierno ocurrido en mayo pasado, tanto Quesada como Morales perdieron esa protección. Por ello, el expediente -que seguía en Corte sin ningún pronunciamiento- debía tramitarse en la vía ordinaria. Lo anterior quiere decir que el legajo debía volver a la Fiscalía para que, luego, lo enviaran al Juzgado y allí se decidiera si el asunto se eleva o no a juicio.

En ese traslado del expediente desde la Corte a la Fiscalía fue donde se dio el atraso, ya que tuvieron que pasar cinco meses para que se tomara alguna decisión al respecto. Según confirmaron los abogados de los imputados, el pasado 24 de octubre los notificaron de la devolución del caso al Ministerio Público.

Pese a que se le consultó a la Corte por las razones del atraso en la devolución del legajo, al cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta.

Avances

A partir de que el asunto llegue a la Fiscalía, los imputados podrían ser llamados en cualquier momento para realizarles la indagatoria que, hasta el momento, no se ha hecho.

Los abogados de los señalados indicaron que, de momento, se debe esperar a ese llamamiento y continuar con el proceso ordinario.

Sobre esto, Ewald Acuña, abogado de Víctor Morales, dijo: “Es esperable que en cualquier momento citen para las indagatorias”.

Mientras que la defensa de Carlos Alvarado confirmó la notificación, pero aprovechó para insistir en la supuesta inocencia de su representado. “Ahora el proceso debe continuar su trámite como cualquier otro. Como hemos señalado desde un inicio, no se cometió delito alguno por parte de nuestro defendido y confiamos plenamente en que así se establecerá en los Tribunales de Justicia”.

Relación de hechos de la acusación

Según la pieza acusatoria, el 14 de octubre del 2019, Carlos Alvarado Quesada y Víctor Morales Mora, ambos en ejercicio de sus funciones públicas, suscribieron el Decreto Ejecutivo 41966-MP-MIDEPLAN, llamado Creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

Esto lo habrían hecho en conjunto con Luis Daniel Soto Castro, entonces ministro a.i. del Ministerio de Planificación (Mideplan). A él se le persigue en una causa aparte (22-000007-033-PE).

La polémica se centraba, principalmente, al artículo 7 de ese decreto. Allí, se obligaba a las instituciones de la Administración Central y Descentralizadas a dar acceso a datos confidenciales de la ciudadanía a la UPAD.

La Fiscalía reprocha que esta actuación fue contraria a la Constitución Política y a la ley, ya que, recalca, el artículo 24 de la Constitución Política resguarda el derecho fundamental a la intimidad.

También la acusación señala que los imputados violentaron la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales y la Ley de Registro, Examen y Secuestro de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones.

Por todo lo anterior, el Ministerio Público consideró que los acusados abusaron de sus cargos al endilgarse facultades no concedidas. Agregó el ente fiscal que eso fue una “clara” violación de los deberes de la función pública y el deber de probidad.

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