“La lucha contra las pensiones de lujo continúa”. Así introdujo el presidente Rodrigo Chaves la noticia de que el Poder Ejecutivo inició el proceso para eliminar estas pensiones a 78 exdiputados que reciben más de lo que establece la ley.

El Estado, a través de la Procuraduría General de la República, acudirá al Juzgado Contencioso Administrativo para interponer acciones de lesividad, alegando que estás pensiones están fuera de la ley y que causan un daño en las finanzas del país.

“Solo esta actividad, si logramos éxito en nuestros procesos de lesividad, es decir, vamos a la Corte a decir que esto nos está causando un daño al Estado, innecesario e injustificado, solo eso nos ahorra 3.500 millones de colones al remover esos excesos de 78 pensiones de lujo”, explicó el mandatario.

Según el presidente, a pesar de que en 1995 se puso un tope a las pensiones de los exdiputados, el Ministerio de Trabajo de ese entonces, en el gobierno de José María Figueres, pasó por alto este límite y estableció montos superiores.

“Ningún Gobierno, hasta hoy, hizo nada ante esa aberración e inmoralidad, que es utilizar recursos que vienen de impuestos, que pueden pagar por seguridad pública, escuela y carreteras, para regalarle 3.500 millones a 78 exdiputados”, agregó Chaves.

Luis Paulino Mora, ministro interino de trabajo, hizo un llamado a estos exdiputados para que lleguen a un arreglo y así ahorrar tiempos y recursos en el proceso.

“Yo invito, a los señores y señoras beneficiarias de estas pensiones a llegar a un acuerdo con la propia Procuraduría y a ahorrarnos además el proceso respectivo para que finalmente se les dé la pensión que en derecho corresponde, que es la pensión limitada al salario de un diputado, que es la que tenían que tener y que exceden a veces hasta más del doble”, manifestó el jerarca.

Mora explicó que van a presentar 32 procesos de lesividad, el resto se presentarían antes de que finalice el año.

Estas pensiones tienen cargo al presupuesto nacional.

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