“Me parece -como me han dicho muchos analistas y expertos- que es increíble, casi. Especialmente es difícil de entender que se ponga en una parte de la balanza la salud de los vecinos de La Guácima (Alajuela) y de quienes van a los conciertos en Parque Viva; mientras que en el otro lado se pone el negocio privado de eventos masivos que se construyó sin permisos y con una gran apariencia y evidencia de legalidad.

“Y, ¿a dónde se inclinó la balanza en este caso? Hacia los intereses (de Grupo Nación). Y se inclinó a través de lo que pareciera ser -y luego confirmaremos- una contorsión, como quien se estira. Es una contorsión, un estiramiento lógico jurídico para pegar dos puntos que, en mi opinión y en la opinión del pueblo, no tienen nada que ver”.

De esa manera, el presidente de la República Rodrigo Chaves cuestionó el fallo de la Sala Constitucional. Allí los magistrados decidieron, por mayoría levantar el cierre de Parque Viva, ordenado por el Gobierno en julio anterior.

En esa resolución, dada a conocer el viernes anterior, los altos jueces consideraron que la orden sanitaria impuesta era “una violación indirecta a la libertad de prensa”. Por ello, declararon con lugar el recurso de amparo interpuesto por el director de La Nación, Armando González, y otro grupo de periodistas de ese medio.

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Criterio

Chaves aseguró que aún no ha sido notificado del fallo integral y que, por eso, no puede referirse al fondo del asunto. No obstante, indicó que, tras leer el comunicado de prensa que envió la Sala para dar a conocer el fallo, solo puede decir que es algo “increíble”.

Para empezar, dijo que, a su criterio, el cierre de ese recinto no afectó la producción del periódico La Nación, con lo que cuestionó la real afectación a la libertad de prensa que apuntaron los magistrados. “Hasta donde yo sé La Nación siguió imprimiendo, siguió vendiendo publicidad, mantuvieron difusión de noticias”, recalcó.

Pero, además de eso, aseguró que ha visto y escuchado muchos comentarios sobre la resolución. Agregó que estos van orientados a cuestionar la legitimidad de la sentencia. Y eso, apuntó, es un perjuicio que se le hace al sistema.

“Lo que he leído y escuchado es preocupante porque refleja que la gente piensa que el sistema les falla a ellos para favorecer a grupos poderosos. Esa es la opinión pública (…) Me duele muchísimo que la Sala Constitucional haya sido la fuente de esta desconfianza y reacción negativa del pueblo y yo entiendo porqué”.

Por eso, expresó que espera que la sentencia sea “transparente, clara, contundente y muy lógica”. 

El fallo

Toda esta situación se suscita en julio cuando el Ministerio de Salud cerró Parque Viva, alegando que los dueños de ese centro de entretenimiento debían generar un plan remedial para evitar el congestionamiento vial en sus alrededores, cuando hicieran actividades masivas.

Eso motivó el recurso de amparo, el cual fue resuelto por medio del voto N°. 2022-025167. Allí, los altos jueces insistieron en que se anuló la medida en “defensa de la libertad de prensa”. De hecho, el presidente de la Sala, Fernando Castillo, enfatizó en que se consideró que fue una decisión que violentó de forma indirecta ese derecho fundamental.

Por ello, agregó la Cámara: “Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo”.

Además del reproche al presidente de la República, Rodrigo Chaves, y su ministra de Salud, Joselyn Chacón, el magistrado Luis Fernando Salazar consignó razones adicionales. Él ordenó que las autoridades recurridas sean quienes hagan el plan remedial que solicitaban a los dueños de Parque Viva.

Para ello, el alto juez les otorgó 18 meses a partir de la notificación de esta resolución constitucional.

“Se debe llevar a cabo todas aquellas medidas de coordinación que estimen pertinentes y necesarias a efectos de ejecutar el plan remedial al que se ha hecho referencia en este asunto; o, cualquier otro que estimen a bien, con el propósito de brindar una solución integral a la problemática de congestionamiento vial que afecta a los vecinos de La Guácima de Alajuela, en relación con los eventos de concentración masiva de personas y vehículos en el Parque Viva, y que, ante una eventual emergencia, podrían verse comprometidas la salud o la integridad física de las personas”, estipuló Salazar.

Por su parte, la magistrada Anamari Garro Vargas salvó parcialmente el voto ya que, si bien consideraba que había una violación a la libertad de expresión, apuntó que anular la orden sanitaria no le correspondía a esa jurisdicción.

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