La Sala Constitucional anuló el cierre del Parque Viva, que impuso el Ministerio de Salud el pasado 8 de julio, por considerar que esta medida fue una “violación indirecta a la libertad de prensa”.

Cabe recordar que Salud justificó aquella orden sanitaria al indicar que los dueños de ese centro de entretenimiento debían generar un plan remedial para evitar el congestionamiento vial en sus alrededores, cuando hicieran actividades masivas.

Ese cierre llevó a Armando González, el director del periódico La Nación, así como por otros periodistas de ese medio, a interponer un recurso de amparo. Tras su análisis, este viernes, la mayoría de los magistrados constitucionales lo declararon con lugar.

En el voto N°. 2022-025167, los altos jueces insistieron en que se anuló la medida en “defensa de la libertad de prensa”. De hecho, el presidente de la Sala, Fernando Castillo, enfatizó en que se consideró que fue una decisión que violentó de forma indirecta ese derecho fundamental.

Por ello, agregó la Cámara: “Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo”.

Ante esto, el Gobierno indicó ser “respetuoso” de la institucionalidad del país y de la separación de poderes. Eso sí, indicó que, por el momento, no se referirán al respecto, puesto que aún no han sido notificados.

Lo único que mencionaron fue: “El Gobierno continuará defendiendo la salud y la seguridad de la ciudadanía de acuerdo a nuestra Constitución Política”.

Adición y voto salvado

Además del reproche al presidente de la República, Rodrigo Chaves, y su ministra de Salud, Joselyn Chacón, el magistrado Luis Fernando Salazar consignó razones adicionales. Él ordenó que las autoridades recurridas sean quienes hagan el plan remedial que solicitaban a los dueños de Parque Viva.

Para ello, el alto juez les otorgó 18 meses a partir de la notificación de esta resolución constitucional.

“Se debe llevar a cabo todas aquellas medidas de coordinación que estimen pertinentes y necesarias a efectos de ejecutar el plan remedial al que se ha hecho referencia en este asunto; o, cualquier otro que estimen a bien, con el propósito de brindar una solución integral a la problemática de congestionamiento vial que afecta a los vecinos de La Guácima de Alajuela, en relación con los eventos de concentración masiva de personas y vehículos en el Parque Viva, y que, ante una eventual emergencia, podrían verse comprometidas la salud o la integridad física de las personas”, estipuló Salazar.

Por su parte, la magistrada Anamari Garro Vargas salvó parcialmente el voto ya que, si bien consideraba que había una violación a la libertad de expresión, apuntó que anular la orden sanitaria no le correspondía a esa jurisdicción.

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