AFP |

El presidente izquierdista peruano Pedro Castillo, investigado por corrupción, recibió un balón de oxígeno este jueves en la Organización de los Estados Americanos (OEA), que dio luz verde a su petición de enviar una misión al país para “promover el diálogo” ante una aguda crisis política.

Perú vive al ritmo de sobresaltos políticos, con cinco presidentes y tres parlamentos desde 2016. El último de ellos estremece a la jefatura del Estado.

Castillo, en el poder desde 2021 para un mandato de cinco años, enfrentó dos intentos de destitución en el Congreso -dominado por la derecha- y fue sometido a seis investigaciones fiscales por presunta corrupción, de la que también se acusa a su círculo familiar y político más cercano.

Esta semana la Fiscalía denunció a Castillo formalmente ante el Parlamento, un proceso que puede conducir a un antejuicio político y la suspensión del presidente, quien se considera víctima de una campaña para sacarlo del poder y denuncia un “golpe de Estado”.

Acorralado, Castillo pidió ayuda a la Organización de los Estados Americanos, que le tendió la mano.

En una sesión extraordinaria en Washington, el Consejo Permanente, órgano ejecutivo de la OEA, adoptó por aclamación una resolución en la que llama “a todos los actores” a actuar dentro “del estado de derecho”.

La OEA designó a “un grupo de alto nivel conformado por representantes de los Estados miembros, en concordancia con la Carta Democrática Interamericana, para que realice una visita al Perú con el fin de hacer un análisis de la situación” y luego informe de ello al Consejo.

Castillo se mostró satisfecho por la decisión de la OEA para “preservar la institucionalidad democrática y el legítimo ejercicio del poder en nuestro país”, y volvió a denunciar “la politización de la justicia”, en mensaje difundido por Facebook y Twitter.

El mandatario había pedido a la OEA activar los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana, un instrumento aprobado en 2001 para promover los principios democráticos.

– “Una mirada neutral” –

El artículo 17 contempla que un país pueda “solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de su institucionalidad democrática” si considera que “está en riesgo” y el 18 permite visitas y gestiones para analizar la situación, siempre que lo autorice el gobierno afectado.

Perú está convencido de que la situación es peligrosa y “de no ser corregida a tiempo podría ocasionar que se cuestione el orden democrático, el estado de derecho”, como dijo este jueves ante la OEA el canciller César Landa.

El ministro considera “esencial” una misión de la OEA porque aporta “una mirada neutral e independiente”.

Castillo quiere que la organización “inicie un proceso de consultas con todas las fuerzas políticas, los poderes del Estado y las fuerzas sociales”.

El bloque regional expresó “su solidaridad y respaldo al gobierno” y defendió la “preservación de la institucionalidad democrática”.

“Brindar apoyo y cooperación” mediante gestiones “para promover el diálogo y el fortalecimiento de su sistema democrático de gobierno” es el objetivo declarado del bloque.

Estados Unidos, país integrante, defiende estos principios pero el Departamento de Estado insistió este jueves en que “la rendición de cuentas sigue siendo vital para cualquier sistema político democrático abierto”.

Durante el Consejo Permanente intervino Edgar Stuardo Ralón Orellana, relator para Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las crisis vividas en Perú en los últimos años se deben a varios factores, dijo, como “el uso reiterado de tres figuras constitucionales”.

La CIDH, que llevó a cabo una visita a Perú entre el 10 el 13 de octubre, considera que “la acusación constitucional,la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y la disolución del Congreso por la negatoria de confianza a dos consejos de ministros” son tres figuras que pueden conllevar un riesgo.

“Tienen el potencial de debilitar la separación y el equilibrio de los poderes del Estado, de paralizar la gobernabilidad del país debido a su falta de definición objetiva” y de generar “un alto riesgo a la institucionalidad democrática”, señaló.

 

– Turbulencias a la vista –

 

En Perú el presidente del parlamento, el general retirado José Williams, expresó a la OEA “la más amplia disposición del Congreso para sostener un diálogo con la eventual misión que envíe”.

La misión podrá “recopilar información sobre la evidencia que sustenta las acusaciones contra el presidente Pedro Castillo”, afirmó no obstante en una carta enviada al Consejo Permanente de la OEA.

Se vislumbran turbulencias. Y es que Williams denuncia que “el presidente Castillo esté usando un mecanismo como la Carta Democrática con el fin de encubrir y de obstaculizar las seis investigaciones penales que pesan en su contra”.

Mientras transcurría la sesión en Washington, en Lima una veintena de manifestantes protestó frente a la oficina de la OEA con lemas como “El Perú es libre y soberano, NO a la OEA”.

Entre tanto los mercados se resienten: la agencia Fitch rebajó el jueves la perspectiva de la calificación de Perú de “estable” a “negativa” en medio del deterioro político.

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