Rutas en Puriscal, Acosta, Orotina, Limón y otras partes del país fueron abandonadas por las empresas autobuseras ya que, según notificaron los concesionarios, han sufrido pérdidas económicas por la disminución de más de 200 millones de usuarios. 

Desde la cámara nacional de transportes de Costa Rica informan que el tema del país no es aislado ya que, tras la pandemia, en diversas partes del mundo viven situaciones similares. 

Según comentó Silvia Bolaños, “esto mismo está pasando en otros países del mundo, la complejidad y la crisis por la que pasa el transporte público no es un tema de Costa Rica, es un tema a nivel mundial ya que las medidas que se tomaron para mitigar los efectos de la pandemia daban un mensaje de quédese en casa” además, en especial en Costa Rica la subdirectora de CANATRANS informó que el sector se ha visto perjudicado debido a los altos índices de desempleo que presenta el país.

Los altos precios del combustible que ha subido significativamente desde que se desató la guerra en Ucrania también ha afectado al sector y ahora, otro punto es el cierre de varias rutas en todo el país pues “tenemos un cierre masivo en las rutas que está generando una afectación muy importante a las empresas sobre todo porque tienen que disminuir o paralizar sus servicios, lo que genera que, al tener que utilizar en muchos casos rutas alternas, las empresas tengan que hacerle frente a costos que no estaban contemplados e incrementan el gasto”, explicó Bolaños

La situación de los autobuseros podría agravarse ya que tras los hechos ocurridos en Cambronero se ha manejó la posibilidad de disminuir la vida útil de las unidades sin embargo, los empresarios piden más bien aprobar el proyecto de le 22 530 para poder alargar la vida útil de las unidades durante 5 años más y cuidar el tema de la contaminación del medio ambiente por medio de la revisión técnica vehicular ya que aseguran, la calidad depende del mantenimiento que se le dé a estos vehículos. 

De no aprobarse el proyecto de ley 22530, más de 100 empresas se verían comprometidas

Las afectaciones en los vecinos son graves y piden a las autoridades buscar soluciones 

Yamaris García es una de las afectadas y comentó que el transporte privado e ilegal está cobrando hasta 40 mil colones para llevar a las personas a citas médicas o mandados personales; esto representa en muchos casos la mitad de lo que reciben por ejemplo adultos mayores en pensiones.

En CANATRANS informan que las empresas que están a cargo de estos servicios deben poner una denuncia formal ante el consejo sin embargo, algunas veces sólo abandonan el servicio y según comentó Silvia Bolaños, de estas 95 rutas, ahora hay que ver si hay empresarios en tomar rutas que llevan algún tiempo en abandono y que en muchas ocasiones ha sido tomado por el transporte ilegal.



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