El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, mostró este miércoles su “enorme preocupación” por el rebajo de más de ¢7 mil millones que el Ministerio de Hacienda propone aplicarles al presupuesto del 2023.

Aguirre explicó a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, de la Asamblea Legislativa, las repercusiones que tendría esta disminución presupuestaria en el funcionamiento del Poder Judicial. Él estuvo acompañado por la vicepresidenta de la Corte, Patricia Solano, así como otras altas jerarquías de la entidad.

Para empezar, dijo, ellos habían propuesto un presupuesto de ¢490 mil millones; sin embargo, de manera inconsulta y “sin criterio técnico”, Hacienda lo rebajó a ¢482 mil millones. A su criterio, esto “afecta la independencia judicial”.

Aguirre expuso que, incluso, hasta les rebajaron al cien por ciento el monto que se destinaba para el pago de los marchamos de los vehículos oficiales. “Se nos elimina la partida de marchamos. Eso quiere decir, entonces, que la flotilla del Poder Judicial no podrá salir y eso tiene una grana afectación. No solo es un asunto de que no podemos sacar los carros, es que usamos los carros para llegar a usuarios”, detalló.

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Mencionó que también les rebajaron ¢170 millones de la subpartida relacionada con el pago de pólizas. “Estamos hablando de la póliza de riesgo de trabajo. Se va a ver afectado todos los empleados y servidores del OIJ porque no vamos a poder cubrir esto. Esta eliminación nos pone a cumplir normativas que son de orden público como la seguridad social”, apuntó.

Pero, la situación no termina ahí. Aguirre expuso que también se rebajaron los ¢218 millones que eran destinados a hacer frente a resarcimientos de condenas que le imponen al Poder Judicial.

“Desagraciadamente somos objeto de juicios contenciosos administrativos por conductas omisivas o activas y tenemos que pagar indemnizaciones. Se elimina la partida y no podemos entonces cumplir con la sentencia. Nos pone en un problema muy serio, porque a jurisdicción contenciosa puede ordenar la paralización de la ejecución del presupuesto hasta que se pague la indemnización. Es grave; no pone en riesgo inminente”, recalcó.

Al ver la situación, muchos de los diputados de la Comisión le mostraron su apoyo para intentar resarcir la situación y poder darles el dinero que necesitan para no afectar su labor.

Riesgo de cierres

Estas rebajas inconsultas hechas por el Gobierno afectan a tal grado que hasta quitan un buen porcentaje de la partida de horas extra que se le paga a funcionarios judiciales. la disminución es de ¢99 millones.

Aguirre aclaró que no se trata de beneficios, sino que hay que tomar en cuenta que la delincuencia aparece en cualquier momento del día y, por ello, es importante tener la posibilidad de pagar tiempo extra.

“Nosotros atendemos situaciones que no necesariamente están ajustadas a las jornadas de trabajo. Tenemos juicios que se extienden fuera del horario laboral: juicios, allanamientos, atención a víctimas en situaciones de riesgo, diligencias, audiencias (…)  Estos servicios se van a ver afectados”, enfatizó el presidente, quien expresó que estos hechos podrían provocar una paralización del sistema.

La partida de viáticos también fue eliminada sin tomar en cuenta que es de vital importancia para hacer los operativos policiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). “Se requiere preparar estas acciones, trasladar recursos humanos de un lugar a otro y es necesario los viáticos”, ahondó.

Hablando de la Policía Judicial, el presidente de la Corte mencionó que eliminan la partida de gastos confidenciales, que les permite hasta hacer compras controladas de droga para las investigaciones. Asimismo, el nuevo presupuesto no da dinero para la reposición de chalecos antibalas de 957 agentes judiciales, con lo cual ellos no podrían salir a trabajar.

Por ello, tanto el OIJ como la Fiscalía General declararon ante los diputados que, en caso de aprobar este presupuesto, caerían en un cierre técnico.

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La Defensa Pública, en la sesión de Corte Plena del lunes, también alzó la voz contra el dinero que se les destinaba ya que, entre las subpartidas que les rebajaron está por concepto de pago de luz, así como de impuestos municipales. “¿Cómo hacemos entonces para poder asumir esas responsabilidades? Esto nos obligaría a replantearnos el servicio que damos, afectando principalmente al usuario”, cuestionó Juan Carlos Pérez, director de la Defensa.

Sin jurisdicción especializada

Aunado a eso, la magistrada Patricia Solano dijo que la falta de dinero pone a la Jurisdicción Especializada contra el Crimen Organizado en la cuerda floja, ya que no habría forma para operativizarla. Y esto, agregó, es contradictorio a la múltiples solicitudes de combatir la criminalidad.

Explicó que, actualmente, tienen presupuesto asignado para que, en noviembre y diciembre, se inicie con esta jurisdicción, la cual contará con 398 plazas. Sin embargo, con el presupuesto planteado por Hacienda, “deja este grupo sin la parte operativa”.

“Gráficamente es como que nos den el chofer, pero sin el carro”, ejemplificó Solano.

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