“Si se aprueba este presupuesto con la rebaja, en enero del 2023, habrá una paralización. Pero, en abril el 2023, se tendrá el cierre técnico del Organismo de Investigación Judicial (OIJ)”.

Con esas palabras, Wálter Espinoza, director de esa Policía Judicial, aseguró que, de aprobarse el presupuesto para el 2023 con la rebaja propuesta por Hacienda, se estaría afectando “rotundamente” la labor de ese cuerpo.

Él fue uno de los jerarcas del Poder Judicial que, durante la sesión de Corte Plena de este lunes, presentaron ante los magistrados su preocupación por las rebajas.

La disminución que propuso de manera inconsulta el Ministerio de Hacienda fue de casi ¢3 mil millones para esta Policía. Espinoza catalogó que esta propuesta fue hecha por “algún creativo” que desconoce la función tanto del OIJ como del resto del Poder Judicial.

Punto por punto

Espinoza mencionó que, por ejemplo, entre los problemas que tienen está que rebajaron en un cien por ciento la partida de gastos confidenciales. Este dinero, explicó, es para poder hacer compras controladas de droga, para pagarle a informantes, para poder alquilar una casa y hacer una vigilancia más cercana de un hecho, entre otras situaciones.

“Este año vamos a hacer cerca de 900 casos de tráfico de droga que hemos podido hacer por este tipo de gastos que hacemos. Pero, sin esto, ¿cómo hacemos? Nos dejaron ¢0, no se podrá realizar actividades que tengan que ver con criminalidad organizada o delincuencia común. Esto afecta al OIJ, claro; pero afecta también a todo el país”, señaló Espinoza, visiblemente molesto.

Pero la situación va más allá. El nuevo presupuesto también les rebaja en 22% la partida, que se llama Alimentos y Bebidas y que sirve para comprar la comida para los reos que estén en celdas judiciales.

“Significa que llegaríamos hasta agosto del 2023. Después de eso no tendríamos posibilidad de comprar almuerzo, cena ni desayunos porque no hay otra posibilidad, nosotros no generamos ningún monto”, apuntó.

Eso sí, recalcó que el dinero les permitiría dar de comer a la población privada de libertad hasta agosto, siempre que no vuelvan a darse aglomeración de reos en estas celdas, como ocurrió entre el 2020 y 2021.

“Este tipo de recortes, supongo yo, los hace algún creativo porque, como la partida se llama Alimentos y Bebidas, se imaginará algún ágape en la Policía Judicial, donde consumimos bebidas espirituosas y comida cara. Y no, es la alimentación de los detenidos”, reprochó Espinoza.

Las limitaciones se extienden ya que, en este nuevo presupuesto, no se contemplan los ¢827 millones para comprar los chalecos antibalas que necesitan renovarle a 957 agentes judiciales.

“La fecha de vencimiento de estos chalecos es en marzo próximo. Si (el presupuesto) se mantiene, en marzo los compañeros de investigación y de cárceles no van a poder trabajar, porque no podemos permitir que trabajen con los equipos vencidos”, apuntó.

 

 

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