La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le dio tres meses a Costa Rica para explicar porqué quedó impune el asesinato de la niña Josebeth Retana, de 8 años,  ocurrido en Horquetas de Sarapiquí en el 2005.

Así lo estipuló la CIDH en un documento enviado el 28 de setiembre pasado a David Delgado y a Rónald Moya, los abogados que presentaron la demanda en contra del Estado el 24 de febrero del 2020. Esta se tramita bajo el expediente N.° P-366-20 y está en estudio de admisibilidad.

“Se han remitido las partes pertinentes de su petición al Gobierno de Costa Rica y se ha fijado un plazo de tres meses, prorrogable si fuese necesario hasta un máximo de cuatro meses para que presente sus observaciones”, se lee en la notificación enviada a los demandantes, quienes también son periodistas y tuvieron alguna relación con el caso.

‘Avance significativo’

Para David Delgado, esta comunicación representa “un avance significativo” en este proceso de denuncia contra el país. Ahora, indicó, hay que esperar para conocer cuáles serán las explicaciones que dará Costa Rica sobre el cómo se manejó el caso desde un punto de vista judicial.

“Esperamos que el Gobierno, de manera objetiva, pueda hacerle ver a la Comisión que hubo una serie de omisiones por parte del Ministerio Público al no presentar ante Tribunales costarricenses al principal sospechoso, quien -de acuerdo con informes técnicos, científicos y policiales- se concluía que tenía relación con este homicidio”, apuntó Delgado ante una consulta de este medio.

Pero, ¿qué ocurre después? Como bien se supra indicó, esta denuncia está en estudio admisibilidad. Según indicó la propia CIDH, es hasta ahora que se da el inicio formal de esta etapa. “En esta etapa, la Comisión puede solicitar mayor información para decidir sobre la admisibilidad del asunto”, apuntó la CIDH.

Luego de que se reciba toda la información necesaria, la Comisión entrará a analizar si la admite o no. El demandante Delgado apuntó que esperan que este caso sí llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Esto es un paso hacia la justicia que finalmente queremos que se logre para esta muerte. Justicia para su familia, pero principalmente para su madre que ha sido la más afectada en este proceso”, enfatizó el abogado.

¿Qué demandan?

Para Delgado y Moya, las autoridades judiciales “dejaron prescribir” el caso. “El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) presentó oportunamente a la Fiscalía General sendos informes conclusivos con suficiente prueba indiciaria. Esta individualizaba como único sospechoso a un vecino de la menor asesinada”, indicaron en la demanda.

Agregaron: “No obstante, la Fiscalía no realizó ningún acto para elevar el caso al control jurisdiccional. De manera que no se pudo determinar si existía mérito o no de someter al sospechoso del homicidio a un contradictorio, provocando entonces impunidad”.

En la queja presentada ante la CIDH, ellos señalan como responsables a Emilia Navas Aparicio, exfiscala general de la República; y a Minor Jiménez Alvarado y Luis Alberto Soto Barrantes, jueces penales de Puriscal y Nicoya, respectivamente.

Para el momento de los hechos, Navas Aparicio era la fiscala adjunta de la provincia de Heredia. Ella autorizó el archivo del caso por parte de la Fiscalía de Sarapiquí, la cual estaba bajo su jurisdicción, señalan en la denuncia.

Mientras que Jiménez fue el fiscal encargado de la investigación del caso y Soto fue el fiscal que dictó la resolución mediante la cual se archivó el expediente del asesinato en el 2017.

A criterio de los abogados, esta serie de irregularidades permitió que el crimen quedara en nada. Por lo tanto, con la denuncia, ellos pretenden que el caso sea elevado a juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Buscamos que se declare la responsabilidad del Estado costarricense por la violación de los derechos humanos en perjuicio de Josebeth y sus familiares”, concluyen en el escrito.

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