Garantizar y normar la adecuada distribución del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), es del objetivo del proyecto de ley que la administración del presidente Rodrigo Chaves Robles envió a la Asamblea Legislativa.

“La ley que hoy proponemos establece que el FEES tendrá como prioridad el fortalecimiento de las sedes regionales de las universidades, la promoción de becas, la inversión en infraestructura física y equipamiento. Todo esto para el beneficio de los estudiantes, que merecen tener acceso a una educación universitaria de calidad, sin importar si estudian dentro o fuera de la GAM (Gran Área Metropolitana)”, explicó el presidente Chaves Robles.

Chaves señala que este proyecto además busca la prohibición expresa del mal uso de los recursos públicos.

También, se está incluyendo dentro del texto un régimen de sanciones en caso de incumplimiento en la adecuada distribución del FEES y para verificar el cumplimiento de estos objetivos, las universidades estarán obligadas a presentar un informe financiero anual de la ejecución del Fondo.

“La sociedad costarricense, incluyendo a mí, apoyamos la transferencia (al FEES), sin embargo, tenemos dudas y preguntas sobre el uso efectivo de esos recursos en las diferentes universidad, por ejemplo, desde 1981, la UCR ha recibido el 59% del FEES año a año, y ya el mundo ha cambiado, pero esa asignación no cambia” señaló el mandatario.

Chaves critica que no existe un criterio jurídico, evaluable o medible de cuáles son las variables que los rectores deben utilizar para repartirse entre ellos el FEES.

El Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) es  un dinero que por mandato constitucional, el Estado debe distribuir cada año entre las universidades públicas: Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED), y ahora la Universidad Técnica Nacional (UTN), que antes no estaba incluida en dentro de este Fondo.

En 2023 los centros universitarios recibirán un presupuesto de ¢564.791 millones, y de ellos ¢15.000 millones será destinados para ejecución como inversiones de capital, monto que solo incrementó un 1% por concepto de costo de vida.

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