La Junta Directiva del Banco de Costa Rica aseguró que no considera oportuno opinar sobre temas que son competencia del poder legislativo y se limitará a proveer los insumos técnicos y la información que se les solicite.

Esta respuesta fue dada tras el análisis del proyecto de la ley 23331, la cual autoriza al Poder Ejecutivo a realizar la venta, sea total o parcial, de los activos y pasivos del Banco de Costa Rica, sus sociedades subsidiarias, su marca y su extinción como institución autónoma a partir del momento en que la venta total sea válida y eficaz.

Casa Presidencial presentó a la Asamblea Legislativa, el pasado miércoles 7 de setiembre, este proyecto de ley, el cual, daría réditos entre un 2.7% y un 3% del Producto Interno Bruto (PIB), monto que asciende aproximadamente a ¢1,199 billones.

Mediante un comunicado, firmado por Gina Carvajal, presidenta de la Junta Directiva, se menciona que entienden la preocupación que han externado las personas trabajadoras y comprenden que la voluntad de privatizar el BCR genera incertidumbre.

Asimismo, se informó que el máximo órgano del BCR ha instruido a la Alta Administración para que continúe ejecutando las acciones oportunas con el fin de alcanzar los objetivos definidos en el plan estratégico, respetando de forma estricta todas las normas provenientes de la regulación y las emanadas en el propio gobierno corporativo del Conglomerado BCR.

Agregan que tienen el firme convencimiento que ese es el camino para mitigar eventuales situaciones adversas que pueden derivarse del transcurso que tome ese proyecto o cualquier otro que ponga al Conglomerado BCR en el centro del debate político.

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