Pese a que en agosto del 2021 quedaron claras las reglas del concurso para elegir al próximo Fiscal General de la República, la Corte Suprema de Justicia decidió variarlas un año después, sin dar ninguna explicación al respecto y pese al atraso -de más- que esto significaría para el nombramiento.

Los cambios se dispusieron el 8 de agosto en la sesión 41-2022, donde los magistrados acordaron “variar el trámite que se venía teniendo con los procesos de reclutamiento de Nombramientos de Puestos de Elección de Corte”.  Como parte de esas modificaciones se eliminó la nota de preselección (80%), por lo que “participarán todas las personas candidatas que cumplan con los requisitos legales para el puesto”.

Esa comunicación oficial agrega que, bajo este nuevo contexto, había que reincorporar al concurso al exfiscal y exjuez, Carlos Alberto Montero Loaiza, quien en el 2007 fue sancionado por supuestamente dar  un “trato irrespetuoso” a una subalterna suya.

Montero no había superado la etapa de preselección, por lo que había quedado fuera de la posibilidad de ser el jerarca del Ministerio Público. Sin embargo, con este cambio, vuelve a la competencia por ese máximo puesto.

Se intentó saber el porqué Montero no pasó la etapa de preselección, así como conocer tanto el cambio como el contexto que antecedió la decisión de los magistrados. No obstante, no hay respuestas a esas preguntas.

¿Quién es el candidato reincorporado?

Según el currículo colgado en la página web del concurso de Fiscal General, Montero Loaiza fue fiscal auxiliar, juez de juicio y, actualmente, está jubilado.

Cuando laboró en la Fiscalía, afrontó una investigación administrativa por un presunto hostigamiento sexual. La fecha exacta de los hechos se desconoce, puesto que los documentos que tiene Trece Noticias en su poder no lo indican. Sin embargo, se señala que en el 2007 dejaron en firme una amonestación escrita por “tratos irrespetuosos” a una subalterna suya.

Según el acta de Consejo Superior Nº 076 – 2006, del 10 de octubre del 2006, la Defensora de los Habitantes del momento, Lisbeth Quesada Tristán, envió el oficio N° 07482-2006-DHR. Allí mostró su preocupación por la manera en cómo se castigó el caso, pese a todas las pruebas que supuestamente había.

Quesada ahondó en los hechos que presuntamente habrían ocurrido. Ella expuso en ese documento que, en un momento no especificado, la subalterna acudió a la Unidad de Inspección Fiscal.

“Ella describe claramente un hecho con contenido de carácter sexual que afecta su bienestar personal y su dinámica laboral. Sus manifestaciones van desde insinuaciones de interés físico, expresiones lujuriosas, preguntas sobre su ropa interior, intenciones de abrazo, bromas sexualizadas, que le resultaron incómodas y frentes a las cuales interpuso claros límites.

“Estos hechos denunciados configuran claramente el hecho de hostigamiento sexual. Asimismo, denuncia la existencia de malos tratos hacia su persona y, en general, hacia el personal que se encuentra bajo su dirección”, apuntó Quesada en aquel oficio.

Apelación a castigo

En un primer momento, la Inspección Fiscal impuso la sanción disciplinaria de tres días de suspensión sin goce de salario, según el fallo N°. 52-2006. Sin embargo, al ser apelada, el Tribunal de la Inspección Judicial declaró con lugar parcialmente la apelación.

Por medio de la sentencia N°. 273-2007, le rebajaron la sanción disciplinaria a una amonestación escrita. El investigado  pidió nuevamente reconsiderar el castigo impuesto, pero los magistrados lo rechazaron, según el acta de Consejo Superior Nº 059-2007, de fecha 14 de agosto del 2007.

La defensora Quesada agregó que existía prueba pericial y testimonial, que acreditaban incluso que el investigado hacía “continuas” bromas sobre los pechos de la ofendida. Aún así el Tribunal consideró que la conducta se trató de “trato irrespetuoso y desconsiderado y no de hostigamiento sexual”.

Para la Defensoría, esto se trató de una “grave omisión”. Por ende, solicitaban que este caso sirviera de ejemplo para adoptar una política en temas de acoso sexual a lo interno del Poder Judicial.

 

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