La ley en la actualidad estipula que la segunda ronda electoral debe de realizarse en abril, sin embargo, en la asamblea legislativa se maneja un proyecto de ley que pretende cambiar esto.

El Proyecto Expediente 21,067 fue presentado por el diputado del partido liberal progresista Eliecer Feinzaig. Esta iniciativa pretende reformar el artículo 138 de la constitución política.

Lo que busca es una reducción del plazo entre la primera y la segunda ronda. Según el proyecto la segunda ronda electoral debería realizarse el primer domingo de marzo y no en abril como hasta ahora.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) tendrá la opción de realizar la segunda ronda el tercer domingo de marzo, pero deberán de fundamentar las razones del porque se efectuarían hasta esa fecha.

“El tribunal supremo de elecciones es consciente de la importancia de que las nuevas autoridades que salgan electas en un proceso electoral tengan un tiempo prudencial para prepararse y asumir las nuevas tareas y por eso desde hace cinco años el TSE ha dado su anuencia a iniciativas que buscan reducir la distancia entre ambas rondas, pero no apoyaremos ningún proyecto que afecte los mecanismos de fiscalización que brindan transparencia al proceso electoral”, comentó Gustavo Román Letrado del Tribunal Supremo de Elecciones.

Los Beneficios que traería esta modificación según el diputado Feinzaig serían que la persona electa tendrá más tiempo para elegir gabinete, además da más tiempo para redactar proyectos de ley para presentar a la asamblea legislativa y asegura que al tener menos tiempo de campaña los gastos en esta y en temas de publicidad serán menores.

Sin embargo, en el Tribunal Supremo de Elecciones no están muy seguros de esto último, ya que aseguran que los partidos políticos no tienen ningún financiamiento extra para la segunda ronda electoral.

Román recalcó que el TSE más bien incurriría en gastos extras ya que deberían de pagar servicios de Courier más caros para que las papeletas estén antes en suelo nacional.

En el TSE son claros y dejan ver que no apoyarán ninguna modificación a la ley que ponga en peligro los controles que tiene el proceso electoral costarricense que lo hacen transparente.

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