El Poder Judicial no titubea. Si el Poder Ejecutivo insiste en rebajarles el presupuesto para el 2023 y la Asamblea Legislativa lo aprueba, esto limitaría en demasía su función.

Apuntó que esto les imposibilitaría tanto pagar el fideicomiso del nuevo Tribunal de Puntarenas como sostener la jurisdicción de crimen organizado que tanto le urge al país. Eso sí, estas son solo dos de las varias dependencias que se afectarían.

Esa fue la advertencia que le hizo Patricia Solano, presidenta en ejercicio, al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, el 31 de agosto pasado, por medio del oficio 261-P-2022. Allí, ella le mostró la seria preocupación que tiene por la rebaja de casi ¢8 mil millones en el presupuesto para el próximo año.

El pasado 15 de junio, el exjerarca de la Corte Fernando Cruz le envió a Acosta el oficio 172-P-2022, en donde le comunicó que el presupuesto discutido y aprobado por Corte Plena era de ¢492 mil millones. “Es un monto que se ajustó a los límites establecidos (…) por Hacienda”, se lee en el documento.

No obstante, por medio del oficio DM-2211-2022 de agosto pasado, el ministro de Hacienda le informó al Poder Judicial que les aplicarían una rebaja a los recursos asignados para ajustar el presupuesto a la regla fiscal. Por ello, agregó, el nuevo monto era de ¢484 mil millones, lo que implica una disminución del 1.68%.

Las negociaciones

El presupuesto del 2023 comenzó a gestarse a finales de marzo del 2022. Pero no fue un mes después, el 27 de abril, que Hacienda comunicó, por medio del oficio DM-0426-2022, que le daba ¢17 mil millones adicionales, en comparación al 2022. Es decir, el máximo establecido era de ¢490 mil millones.

Con la nueva disposición, los 22 magistrados discutieron y aprobaron un anteproyecto de presupuesto, el cual fue comunicado a Hacienda por medio del oficio 172-P-2022, del 15 de junio. Solicitaron los ¢490 mil millones, más ¢1.740 millones para la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.

En total, pidieron ¢492 mil millones.

Ese mismo día, y bajo el consecutivo 173-P-2022, Fernando Cruz comunicó al ministro Acosta que Corte Plena acordó pedir valorar la posibilidad de contar un financiamiento adicional al gasto ordinario.

Se trataba de ¢9.854 mil millones más. Se iba a utilizar para hacer frente a nuevas obligaciones dadas por la Asamblea, así como para reforzar el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y mejorar la estructura de algunos tribunales.

El 3 de agosto, Nogui Acosta dio por recibida la propuesta del presupuesto con el incremento de ¢17 mil millones. Pero descartó facilitar los ¢9.854 millones.

Todo parecía estar en orden, cuando el 26 de agosto, Acosta los notificó de un ajuste al presupuesto, rebajándoles el monto en ¢7.838 millones.

“Estos rebajos fueron de forma inconsulta al Poder Judicial y no se remitió tampoco el detalle de los rebajos de previo (…) El Ministerio de Hacienda actuó de forma arbitraria y rebajó los recursos al Poder Judicial, sin mayor conocimiento y sin indicar las afectaciones”, reprochó la entidad ante el ajuste.

¿Cómo afecta eso?

En el oficio 261-P-2022, Patricia Solano, actual presidenta en ejercicio de la Corte Suprema de Justicia, mostró su clara preocupación por los rebajos, sobre todo porque no les habían comunicado en cuáles partidas se habían hecho esos ajustes.

Dicho eso, la jerarca recordó que el aumento autorizado respondía a dos solicitudes puntuales que, “de no aplicarse, hay responsabilidades para el Estado costarricense”.

Lo primero que puntualizó fue la obligación de cancelar los montos que corresponde pagar al Fideicomiso de Construcción para las nuevas Edificaciones en Puntarenas de los Tribunales de Justicia.

“Es fundamental para el fortalecimiento del combate contra la delincuencia en una zona tan afectada como lo es la provincia de Puntarenas. Es un proyecto que se requiere pagar en su mayoría en el año 2023”, subrayó.

Como segundo punto, mencionó la implementación de la Ley de la Jurisdicción de Crimen Organizado. Esta tiene las plazas para empezar a funcionar en noviembre entrante, pero, con esta rebaja, se quedan sin contenido presupuestario para el otro año.

Solano recordó que las primeras negociaciones con Elián Villegas, anterior ministro, estaban ordenadas en el sentido de dotar de mayor recursos al Poder Judicial para poder cumplir con lo antes dicho y otras funciones.

No obstante, lamentó que todo lo acordado se eliminara sin pensar en las repercusiones. “No hace un análisis consciente de la situación y responsabilidades que se acarrean al no concretar los recursos para hacer frente a las responsabilidades descritas”, señaló.

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