Cuatro funcionarios de la Municipalidad de Alajuela supuestamente cobraban dádivas a comerciantes a cambio de darles patentes tanto comerciales como de licor.

Por estos presuntos hechos, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanó, desde las 6 a. m. de este jueves, siete oficinas de ese municipio, una oficina de un abogado y siete casas (pertenecientes a los trabajadores, así como a dos civiles).

Según ahondó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), los despachos allanados en el municipio fueron Subproceso de Patentes, Actividad de Control Constructivo, Proceso de Servicios Informáticos, Área de Subproceso de Proveeduría, Proceso de Seguridad Municipal y Control Vial, Proceso de Control y Fiscalización Urbana y Archivo Municipal.

Debido a que era una diligencia para ubicar documentación, la Fiscalía no tenía predispuesto detener a ninguno de los investigados. Por ello, las identidades de los trabajadores no trascienden; solo indicaron que se trata de cuatro empleados públicos y una persona particular.

La pesquisa, en la que se indagan los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito, se desarrolla dentro del expediente 18-003718-0305-PE.

Modo de operar

Según informó la Policía Judicial, el Ministerio Público les pidió colaboración luego de que les ingresaran dos denuncias. Allí, mencionaban actos indebidos presuntamente cometidos por los empleados.

El OIJ presume que los trabajadores hacían una labor de inteligencia, ya que averiguaban cuáles dueños de comercios habían fallecido recientemente para visitar los negocios.

El OIJ apuntó que, una vez que llegaban al sitio, ellos les indicaban a los nuevos propietarios que la patente estaba inhabilitada por la muerte del anterior dueño. Por ello, les cobraban un dinero para evitar clausurarles el local o, bien, para supuestamente ayudarles con los trámites de la renovación de la patente comercial.

Sin embargo, los presuntos alcances de los sujetos iba más allá. Ellos también visitaban obras que estuvieran en construcción, en donde también pedían dinero para no clausurarlas.

Se desconoce a cuánto ascendía el cobro que los funcionarios hacían, ni si algún comerciante accedió a este.

Ante la denuncia, la Sección de Anticorrupción del OIJ, en conjunto con el Ministerio Público, comenzó los allanamientos para decomisar documentación importante para el caso, así como computadoras, celulares y dispositivos de almacenamiento de información.

“Una vez finalizados los operativos, los agentes remitirán un informe con lo actuado al Ministerio Público para lo correspondiente”, puntualizó.

Publicidad Aproveche la mejor conexión en Fibra Optica para su empresa con RACSA