Con preocupación por las carencias que viven los policías en medio de la guerra contra el crimen organizado, el diputado Gilberto Campos Cruz exigió al Ministerio de Hacienda y a las autoridades del Poder Ejecutivo que cumplan con la Ley y que le traslade al Ministerio de Seguridad Pública los recursos provenientes de impuestos específicos que nutren el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública, pues considera que el país no está financiando bien su guerra contra el crimen organizado.

Entre esas leyes específicas están el Impuesto a las Sociedades Anónimas; el Impuesto al Banano; el Impuesto a casinos y empresas de enlace de llamadas de apuestas electrónicas y el Impuesto de Salida por Puestos Fronterizos Terrestres.

Campos denunció ante el Plenario, el pasado jueves, que en el 2021 Seguridad Pública no recibió más de un 33% del monto que le correspondía por el Impuesto a las sociedades, lo cual dejó un hueco presupuestario difícil de tapar, de alrededor de ¢6.000 millones.

De igual manera, el legislador herediano del Partido Liberal Progresista criticó la reducción sostenida que ha sufrido el presupuesto de Seguridad Pública a partir del Presupuesto Nacional del 2021.

Ese año, el país invertía un 0,9% del producto interno bruto (PIB) en nutrir a esa cartera. La inversión cayó a un 0,7% del PIB en el 2022 y se reducirá más en el 2023, al alcanzar apenas un 0,6% del PIB (¢269.393 millones, según el presupuesto estimado).

“Entre el 2021 y el 2023, Seguridad Pública habrá perdido más de ¢5.000 millones en su presupuesto anual debido a los recortes ordenados por el Poder Ejecutivo con el argumento de la crisis fiscal que azota al país. No obstante, consideramos que la reducción presupuestaria para seguridad no se justifica en momentos en que el país libra una batalla contra el crimen organizado, que enluta a cientos de familias costarricenses. En este contexto, exigimos a Hacienda que cumpla con la Ley”, afirmó Campos.

Y agregó que mientras los criminales gozan de acceso a armas automáticas e insumos de primera, los policías tienen que hacerles frente con las botas rotas, con las patrullas sin llantas y sin frenos y en delegaciones que se encuentran en pésimas condiciones de infraestructura.

“Para que el Ministerio de Seguridad Pública le cambie las botas a un policía, se debe seguir un extenso trámite administrativo por la escasez de presupuesto que adolece la cartera. El país no se puede dar el lujo de mandar a sus oficiales mal equipados a la guerra contra el hampa”, agregó el diputado.

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