La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción “valora” actualmente la denuncia en contra del fiscal general interino, Warner Molina Ruiz, por abogar por jueces que apliquen la Ley de Crimen Organizado.

Así lo confirmó el Ministerio Público, al tiempo en el que indicó que la causa ingresó la tarde de este lunes 5 de setiembre a ese despacho.

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El expediente llegó procedente de la Secretaría de la Corte, lugar en donde el denunciante -el abogado penalista Fernando José Vargas Zeledón- interpuso la queja, el pasado 30 de agosto. Él dijo que la presentó ante la Corte para evitar que la investigación fuese asumida por un subalterno de Molina. No obstante, lo correcto es que la pesquisa se realice en esa oficina del Ministerio Público; por ello, la enviaron allí.

“Está siendo valorada por la fiscal tamizadora de denuncias”, acotó esa Fiscalía, sin dar mayores detalles sobre el asunto.

¿Qué está bajo la lupa?

El denunciante pidió que se indagara a Molina por los delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad por haberle pedido a sus subalternos desestimar “sin mayor trámite” las causas planteadas contra jueces que apliquen las normas sobre el crimen organizado.

Esta instrucción la dejó clara en una directriz que emitió Molina el pasado 12 de agosto, bajo el consecutivo 597-FGR-2022. Allí, el fiscal general se refirió a la discusión que existe sobre la presunta derogación de varios artículos de la Ley de Crimen Organizado (8754).

Actualmente, jueces de Apelación y abogados de imputados en estas causas consideran que hay un vacío legal. Por ende, indican, no se pueden extender los plazos de medidas cautelares, más allá de lo permitido en un proceso ordinario. Tampoco se podría autorizar intervenciones telefónicas con base en esa normativa.

Pese a ello, Molina ha defendido su teoría de que los artículos no están derogados, por lo que el trabajo realizado está bien justificado. Así resguarda, incluso, la investigación realizada en casos tan mediáticos como Cochinilla y Diamante.

Para reconfirmar su posición, en el oficio supra mencionado, Molina expresó que la Ley 8754 se encuentra vigente. “Al no existir ningún artículo derogado de esa ley, las resoluciones jurisdiccionales dictadas con base en esa normativa resultan, a nuestro juicio, legítimas y eficaces”.

Por ello, puntualizó que, debido a que varios defensores han denunciado a jueces por dictar resoluciones basadas en la cuestionada ley, es necesario aclarar: “Cualquier denuncia basada en esos supuestos interpretativos resulta atípica del delito de prevaricato”.

Entonces, ordenó: “Se gira la instrucción general al personal fiscal (…) para que -sin mayor trámite- soliciten las desestimaciones de las denuncias por prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y privación ilegítima de libertad. Esto por razones de atipicidad”.

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