Este lunes, antes de que empezara el proceso de votación para elegir al próximo presidente de la Corte Suprema de Justicia, la magistrada Julia Varela pidió alterar el orden del día. Con esto, ella pretendía discutir si el sufragio podía ser público y no secreto, como lo ha sido hasta ahora.

Para poder variar la agenda, 15 de los 22 magistrados debían votar a favor. No obstante, solo siete magistrados apoyaron la solicitud: Luis Guillermo Rivas, de Sala Primera; Orlando Aguirre y Julia Varela, de Sala Segunda; Rafael Segura, Sandra Zúñiga, Patricia Solano, de Sala Tercera; y, Paul Rueda, de Sala Constitucional.

Lo anterior quiere decir que tres de los cinco candidatos a la presidencia de la Corte (Solano, Aguirre y Rivas) sí apoyaron la moción. Pero esto no fue suficiente. Los restantes 15 altos jueces prefirieron continuar con el secretismo, siendo que entre ellos estaban los otros dos postulantes: Roxana Chacón Artavia, de Sala Segunda; y Luis Fernando Salazar, de Sala Constitucional.

Al ser consultados por esa decisión, ambos aseguraron que corresponde a un asunto de legalidad. Es decir, ellos alegaron apego a la Ley Orgánica del Poder Judicial, la cual establece el voto secreto para este tipo de elecciones.

Aseguraron que, de hacer cosa contrario a lo allí estipulado, podrían cometer el delito de prevaricato, el cual impone una pena de entre dos a seis años al funcionario que dicte resoluciones contrarias a la ley. Por lo tanto, agregaron que, ante los recursos planteados, la Sala Constitucional es la única que puede definir el asunto.

No obstante, la magistrada y presidenta en ejercicio, Patricia Solano, calificó como “un retroceso” la decisión de la mayoría de no entrar a discutir el asunto.

“A estas alturas no debe haber un retroceso en esos temas. Desde la convencionalidad, se debe tomar la decisión de transparentar, tal como pide la ciudadanía”, apuntó Solano, al tiempo en el que rememoró que para el 2018 ya se había logrado abrir la votación para elegir al entonces fiscal general.

Pese a esa contrariedad de opiniones, la votación se llevó acabo el lunes 5 de setiembre. Sin embargo, tal como ocurrió el lunes anterior (29 de agosto), ninguno de los candidatos alcanzó la mayoría simple (12 votos) para hacerse con el cargo. Bajo ese contexto, el próximo lunes 12 se realizarán otras cinco rondas de votación.

Sus razones

El candidato Luis Fernando Salazar fue enfático en asegurar que la decisión ahora estaba en manos de la Sala Constitucional, de la cual él es parte. Allí se deben resolver dos recursos de amparo y una acción de inconstitucionalidad. Eso sí, por haber participado en las votaciones anteriores, él debe apartarse de conocer esos asuntos.

“Al final será ahí (Sala) donde se resuelva si ese artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dispone el voto secreto, es inconstitucional o no. Pero no le corresponde a la Corte determinar si ese artículo es inconstitucional o no”, expresó.

Además, Salazar apuntó que no apoyó el cambio en la agenda porque “ya habíamos votado el lunes anterior y se había aprobado por esta Corte que el voto es secreto como lo dispone la ley”.

Por su parte, Chacón mencionó que, de no acatar lo que estipula la norma del Poder Judicial, podrían cometer un delito.

“La ley sanciona (…) y esta es la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece que es secreta. Así la iniciamos con un consenso, con un acuerdo de Corte cumpliendo la ley. Salirnos de esa decisión para una votación pública no es posible porque necesitaríamos una reforma de ley que pueda verdaderamente hacer votación pública.

“Mientras eso no exista nosotros somos sujetos a una demanda penal por prevaricato (…) Cuando las reglas están claras y hay una ley que nos rige no podríamos cambiarla a mitad de camino por una interpretación”, señaló Chacón.

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