La Defensoría de los Habitantes busca implementar la movilidad laboral voluntaria para lograr reducir el gasto público, ya que un 90% del presupuesto de la institución se destina al pago de salarios.

Por ello, la jerarca de la entidad, Catalino Crespo, consultó al Ministerio de Hacienda sobre las consideraciones que se deben tomar a lo interno para poder implementarlo. Esta figura da la posibilidad a los funcionarios de adelantar su pensión.

Según justificó Crespo, la Defensoría es un órgano adscrito a la Asamblea Legislativa, la cual ha venido impulsando la movilidad laboral voluntaria desde el 2015. Entonces, partiendo de ese contexto, ella consideró que podría aplicarse igual esa movilidad.

Eso sí, indicó, esto no se trata de un “desmantelamiento”, ya que es una decisión voluntaria de cada trabajador.

“Este plan de movilidad voluntario, en el que las y los funcionarios deciden si participan o no, conlleva una reducción en el gasto público. Es una alternativa para tratar de mejorar la situación fiscal del país”, dijo la defensora.

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