Ya está en la corriente legislativa un proyecto de ley que busca crear una Agencia Nacional de Ciberseguridad.


La iniciativa planteada por el diputado del Partido Liberación Nacional, (PLN), José Joaquín Hernández, propone que dicha agencia estaría adscrita al Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT), y tendrá la tarea de elaborar, definir y actualizar la Política Nacional de Ciberseguridad.


“Hemos presentado este proyecto de ley pensando en crear una agencia de ciberseguridad como lo tienen todos los países desarrollados, que tenga los recursos humanos y técnicos para que, en coordinación con todas las instituciones, planes preventivos, planes de respaldo podamos proteger esta información.” Comentó Hernández.


De acuerdo con el texto, la ley busca proteger la disponibilidad, integridad y confidencialidad de los sistemas de información, las redes y los datos que se generan, almacenan y transmiten por dichos sistemas y redes de todos los habitantes del país. Coordinar la atención y respuesta a los incidentes de ciberseguridad que afecten al sector público y a las infraestructuras críticas de información. Incrementar la resiliencia de las organizaciones públicas del país y de los operadores de infraestructuras críticas de información, frente a las amenazas e incidentes de seguridad del ciberespacio. Y gestionar y mitigar de forma adecuada los riesgos de seguridad de los sistemas de información, redes y activos informáticos.


El liberacionista agregó que el proyecto no creará plazas nuevas. “No le va a generar cargas al Estado, sino que es un plan de cooperación entre las diferentes instituciones a través de los departamentos de Tecnologías de Información (TI), para que puedan, bajo convenios, asignar funcionarios especializados para que bajo el esquema de la agencia puedan proteger las diferentes instituciones con software de punta.”


La Agencia Nacional de Ciberseguridad fungirá como el Centro de Operaciones de Ciberseguridad (SOC) del país, encargado de la gestión preventiva, reactiva y proactiva de las amenazas e incidentes que, a través del uso de datos, puedan generar un riesgo de seguridad para la población costarricense y se financiaría con el 1.5% del total de recursos presupuestados por todas las instituciones del sector público, multas establecidas en la ley y donaciones de organismos internacionales o entidades públicas.

Publicidad Aproveche la mejor conexión en Fibra Optica para su empresa con RACSA