“Efectivamente en la Fiscalía General se están tramitando causas contra varios magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, por encontrarse en investigación preparatoria, en este momento no se estará brindando información al respecto, para no afectar los procesos penales y no afectar derechos fundamentales de las personas investigadas“.

Esa fue la vaga respuesta que facilitó, este 2 de setiembre, la Fiscalía General a este medio, luego de que desde el miércoles 17 de agosto se le pidió información sobre los procesos penales que afrontan los cinco magistrados que se postularon para la Presidencia de la Corte.

Específicamente se le preguntó por las causas de Luis Fernando Salazar Alvarado, magistrado de Sala Constitucional; Orlando Aguirre Gómez, magistrado presidente de Sala Segunda; Luis Guillermo Rivas Loáciga, presidente de Sala Primera; Patricia Solano Castro, presidenta de Sala Tercera y presidenta a. i. de la Corte; y Roxana Chacón, magistrada de Sala Segunda.

Sin embargo, la Fiscalía, liderada por Warner Molina Ruiz, prefirió ocultar la información, pese a que es de total interés público, máxime en un momento en el que se está por escoger al próximo jerarca de la Corte.

Ese ente fiscal se escudó en el artículo 295 del Código Procesal Penal y en el artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. No obstante, es claro que esta disposición solo aplica cuando el investigado es miembro de los Supremos Poderes. Si fuese cualquier otro civil, la información sí se brinda.

Entonces, bajo este contexto promovido por la Fiscalía General, la ciudadanía no podrá enterarse de cuáles magistrados son objetos de investigación por actuaciones sospechosas. Tampoco podrá saber las solicitudes fiscales correspondientes a cada causa ni ningún otro detalle de suma relevancia.

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Pero el asunto no llega hasta ahí. Si se toma en consideración que esto es una orden propia de la Fiscalía General, los cuestionamientos pueden hacerse aún más grande.

¿Por qué? La razón es sencilla: Los magistrados -cuyos nombres e investigaciones están sumamente resguardadas por la Fiscalía- son quienes nombran al jerarca del Ministerio Público. Cabe resaltar que, desde el año pasado, ese nombramiento está pendiente.

Entre los candidatos para ocupar ese cargo está Warner Molina Ruiz, quien es el fiscal general interino. Por ende, es quien determina cuál información se brinda a la prensa y cuál no.

Esta no es la primera vez que se cuestiona a Molina por el secretismo con el que se manejan ciertas causas. En octubre del año pasado, él señaló a medios de comunicación que ni tan siquiera se les confirmará o descartará la existencia de causas penales en contra de miembros de Supremos Poderes.

Fue duramente cuestionado por el Colegio de Periodistas (Colper) y el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex) ya que ambas entidades consideraron que eso era una serie afectación a la labor de los medios.

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