El fiscal general de la República a. i., Warner Molina Ruiz, fue denunciado penalmente por pedirle a sus subalternos desestimar “sin mayor trámite” las causas planteadas contra jueces que apliquen las normas sobre el crimen organizado.

La denuncia la interpuso el abogado penalista Fernando José Vargas Zeledón el pasado 30 de agosto, según una copia del escrito del cual este medio tiene copia.

Su inquietud se da a raíz de una directriz, emitida por Molina el pasado 12 de agosto, bajo el consecutivo 597-FGR-2022. Allí, el fiscal general se refirió a la discusión que existe sobre la presunta derogación de varios artículos de la Ley de Crimen Organizado (8754).

Actualmente, jueces de Apelación y abogados de imputados en estas causas consideran que hay un vacío legal. Por ende, indican, no se pueden extender los plazos de medidas cautelares, más allá de lo permitido en un proceso ordinario. Tampoco se podría autorizar intervenciones telefónicas con base en esa normativa.

Pese a ello, Molina ha defendido su teoría de que los artículos no están derogados, por lo que el trabajo realizado está bien justificado. Así resguarda, incluso, la investigación realizada en casos tan mediáticos como Cochinilla y Diamante.

Para reconfirmar su posición, en el oficio supra mencionado, Molina expresó que la Ley 8754 se encuentra vigente. “Al no existir ningún artículo derogado de esa ley, las resoluciones jurisdiccionales dictadas con base en esa normativa resultan, a nuestro juicio, legítimas y eficaces”.

Por ello, puntualizó que, debido a que varios defensores han denunciado a jueces por dictar resoluciones basadas en la cuestionada ley, es necesario aclarar: “Cualquier denuncia basada en esos supuestos interpretativos resulta atípica del delito de prevaricato”.

Entonces, ordenó: “Se gira la instrucción general al personal fiscal (…) para que -sin mayor trámite- soliciten las desestimaciones de las denuncias por prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y privación ilegítima de libertad. Esto por razones de atipicidad”.

Molestia contra fiscal general

Ante esta directriz, el penalista Fernando Vargas indicó, se debe indagar si el fiscal general cometió prevaricato, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.

Para empezar, señaló el defensor, Warner Molina promovió un “análisis de tipicidad ligero, infundamentado e ilegal, pero además se asegura de no poder ser investigado por ello. Esto porque sus subordinados, por orden de él mismo, desestimarán esas causas por atipicidad”.

Vargas aseguró que, tales acciones, “exceden” las funciones del jerarca del Ministerio Público. “La posición fiscal de desestimación general por atipicidad es peligrosa, imprudente y por supuesto se aleja de la objetividad”.

A su criterio, Molina generó una especie de “amnistía” para todos los servidores judiciales que siguen su tesis, según se lee en la denuncia planteada. “Debe investigarse si esa directriz desaplica la ley, abusa de su autoridad, irrumpe groseramente en el acceso a la justicia actuando como juez y parte. Viola el principio de legalidad y abusa de la facultad del Ministerio Público de implementar políticas de persecución penal, que tienen un ámbito ‘reglado’ y no ilimitado en Costa Rica”, apuntó.

Por ello, solicitó también que el fiscal general se separe de su cargo. Consideró que, en caso de no hacerlo, esto podría significar un vicio en la investigación. “Queremos que se separe de su cargo. Este debe ser el procedimiento normal en toda denuncia. Sino sería como pedirle a un juez que dicte su propia sentencia. Sería pedirle a un subalterno que investigue a su jefe”, agregó el denunciante en entrevista con este medio.

Otra opción viable sería que Molina siga en su puesto, pero que se suspenda la directriz. “Se asigna a un fiscal externo, pero nombrado por el Ministerio Público para que lo investigue”, dijo

Colaboró con esta información la periodista Katherine Chaves R.

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