En horas de la tarde de este jueves la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) informó que el Ministerio de Trabajo dio 15 días hábiles a la Caja Costarricense de Seguro social para que cumpla con la ley de salario mínimo inembargable, de no hacerlo la junta directiva podría enfrentarse a multas que van de los 2 a los 8 millones de colones por cada funcionario que denuncio esta situación.

Y es que pese a que desde el pasado 1 de julio se estableció que el salario mínimo inembargable es de ¢216. 887 la Caja Costarricense de Seguro Social sigue aplicando los rebajos que exceden este monto.

Con la ley del salario mínimo inembargable se busca que las personas cuenten al menos con un salario base para vivir y que a dicho monto no se apliquen deducciones por deudas crediticias.

Según comentó Albino Vargas, secretario general de la ANEP, más de 1200 funcionarios de dicha institución han presentado reclamos, y se presentó un proceso judicial en contra de la CCSS.

“Somos muchos los afectados, que tenemos que buscar ingresos por otros lados, solicitar ayuda a la familia, algunos compañeros nos han colaborado incluso con víveres y hasta con los pasajes” afirmó Andrea Retana, funcionaria de la CCSS

“Este pago me llegaron ¢20 000 por los rebajos que me hicieron al salario, yo busco la manera de trabajar doble turno para obtener más ingresos, pero con todas las deducciones me queda muy poco del salario” agregó David Garita, otro de los afectados.

Por otra parte, Álvaro Ramos presidente ejecutivo de la Caja de Seguro Social explicó que tomaron la decisión de continuar realizando las deducciones respectivas ya que un transitorio de la ley indica que cualquier persona que tuviera deudas antes de esta normativa se le debe seguir aplicando las rebajas aunque estas sobrepasaran el salario mínimo.

“(…) basados en el artículo 3 de la ley número 9918 dispone de un transitorio que indica que las condiciones sobre la forma de pago establecidas en los contratos de todas aquellas operaciones de crédito vigentes antes de la promulgación de la ley 9859 del 20 de junio de 2020, seguirán siendo deducidos de los salarios hasta la cancelación de la operación crediticia. Con base en lo anterior todas aquellas deducciones que el trabajador se haya comprometido a cancelar antes del 20 de junio del 2020 deben seguir siendo rebajadas de su salario incluso si esto afecta el salario mínimo inembargable.(…)”

Durante la conferencia de prensa que se realizó el pasado 3 de agosto, posterior a la sesión del Consejo de Gobierno, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Esquivel, aclaró que la prohibición de aplicar deducciones al salario mínimo inembargable, es una norma obligatoria que alcanza a todos los patronos y trabajadores del sector público y privado, una disposición que está protegida por el artículo 172 del Código de Trabajo.

Ramos indicó que analizaran las disposiciones del Ministerio de Trabajo para tomar las acciones solicitadas.

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