Los siete magistrados que, entre el 2008 y el 2010, aprobaron un plus salarial que elevó sus propios salarios y los de otros altísimos cargos del Poder Judicial, no cometieron ningún delito.

A esa conclusión llegaron, de forma unánime, los cinco magistrados de la Sala Tercera y quienes, por ende, son compañeros de los investigados y también se vieron beneficiados, indirectamente, con los cuestionados pluses salariales.

Según el voto Nº. 000875 del 12 de agosto pasado, esa Cámara desestimó la causa penal en contra de Orlando Aguirre Gómez y Julia Varela Araya, de Sala Segunda; Fernando Castillo Víquez y Fernando Cruz Castro, ambos de Sala Constitucional; Jesús Ramírez Quirós, de Sala Tercera; y Luis Guillermo Rivas Loáiciga y Román Solís Zelaya, de Sala Primera. Este último falleció el pasado 20 de agosto.

Los magistrados firmantes del voto son Rafael Segura Bonilla, Rosa María Acon Ng, Miguel Ernesto Fernández Calvo, William Serrano Baby y Cynthia De Los Ángeles Dumani Stradtmann.

“Se ordena la desestimación de la presente causa por no adecuarse los hechos denunciados a ninguna figura delictiva“, aseveró la Sala Tercera, al tiempo en el que pidió notificar la resolución a las partes.

Este fallo toma mucha más relevancia porque, precisamente, dos de los investigados aspiran a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia: Orlando Aguirre y Luis Guillermo Rivas.

El caso

En el 2018, la Fiscalía General confirmó que investigaba a un grupo importante de magistrados y exmagistrados por este asunto. Además de los antes mencionados, también figuraban los exaltos jueces:

  • Sala Segunda: Rolando Vega Robert y Eva Camacho Vargas.
  • En Sala Tercera: Alfonso Chaves Ramírez, Carlos Chinchilla Sandí, Magda Pereira Villalobos y José Manuel Arroyo Gutiérrez.
  • Sala Constitucional: Ernesto Jinesta Lobo, Ana Virginia Calzada Miranda, Gilbert Armijo Sancho, Adrián Vargas Benavides, Carmenmaría Escoto Fernández y José Paulino Hernández Gutiérrez (suplente).

A todo ese grupo se le investigó por crear, en el 2018, un plus salarial de entre un 10% y un 58% para únicamente 46 funcionarios que ocupan los más altos puestos de la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, dos años después, ese incentivo pasó a formar parte del salario base de cada cargo, por lo que la remuneración volvió a subir. Hay casos en donde ese aumento llegó a ser de hasta un 96%.

Actualmente, por ejemplo, el salario base de un magistrado es de ¢2.481.000 y, si es presidente de la Corte, esa cifra aumenta a ¢2.711.800.

Magistrados bajo la lupa

Partiendo de esa situación, el Ministerio Público abrió la investigación 18-000171-0033-PE. Allí, indagó si los investigados cometieron el delito de legislación o administración en provecho propio.

Ese ilícito está contemplado en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Establece una sanción de prisión de uno a ocho años al funcionario que “participe con su voto favorable, en las leyes, decretos, acuerdos, actos y contratos administrativos que otorguen, en forma directa, beneficios para sí mismo”.

Ante consulta de Canal 13, la Fiscalía informó de que tanto el fiscal general, Warner Molina, así como “otros fiscales” (cuyos nombres no estipularon) se inhibieron de conocer el asunto. No ahondaron en las razones.

Por ello, la investigación estuvo a cargo del fiscal adjunto del Primer Circuito Judicial de San José, Álvaro Montoya Martínez. Debido a que entre los indagados habían magistrados y exmagistrados, las causas se tuvieron que separar.

En el caso del primer grupo, Montoya firmó la solicitud de desestimación y la envió el 23 de marzo pasado a la Sala Tercera para que allí se determinara si se acogía o no la petición fiscal. Ese es el procedimiento ordinario cuando son miembros de los Supremos Poderes.

El 12 de agosto fue, cuando, los magistrados de esa Cámara admitieron la hipótesis fiscal y cerraron el caso.

Testimonio de piezas

Con respecto a los exmagistrados, la Fiscalía señaló que se elaboró un testimonio de piezas, bajo el expediente 22-000022-0033-PE. Esto se debe a que, como ya no son miembros de los Supremos Poderes, su tratamiento entonces debe ser ordinario.

Eso sí, debido a que el delito por el cual se investigaban era el mismo, la Fiscalía también planteó una solicitud de desestimación.

“En este caso, la petición fue acogida por el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, mediante resolución de las 10:35 a.m., del 10 de agosto de 2022″, puntualizó el Ministerio Público ante la consulta de este medio.

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