La Corte Suprema de Justicia aún está sin presidente. Pese a que este lunes se realizaron cinco rondas de votación para escoger al máximo jerarca, lo cierto es que el voto dividido impidió el nombramiento.

Los postulantes eran Luis Fernando Salazar Alvarado, magistrado de Sala Constitucional; Orlando Aguirre Gómez, magistrado presidente de Sala Segunda; Luis Guillermo Rivas Loáciga, presidente de Sala Primera; Patricia Solano Castro, presidenta de Sala Tercera y presidenta a. i. de la Corte; y Roxana Chacón, magistrada de Sala Segunda.

Eso sí, si bien ninguno logró el apoyo mínimo que se necesitaba, dos de los candidatos se repartieron la mayoría de los votos. Se trata de Salazar Alvarado y de Solano Castro.

Ante esto, el próximo lunes se volverá a someter a votación este puesto. Los postulantes actuales pueden continuar con su aspiración o pueden desistir de ella. Al mismo tiempo, cualquier otro magistrado podrá también proponer su nombre y luchar por ese puesto.

Pero, bajo el contexto actual, ¿cuáles son las propuestas puntuales que traen tanto Solano como Salazar? En realidad, no hay mucha diferencia en los ejes centrales del plan de gobierno judicial que presentaron este lunes, en la sesión de Corte Plena.

Ambos coincidieron en que hay que paliar la mora judicial que tanto afecta y perjudica la imagen del Poder Judicial; también, consideran de vital importancia descongestionar la agenda de Corte Plena para que allí se pueden resolver los asuntos realmente prioritarios.

Además, calificaron como de necesario fomentar las votaciones públicas para escoger a altos funcionarios del Poder Judicial, como el fiscal general, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

En lo que cambian las propuesta es en el cómo se lograría alcanzar esos objetivos.

Mora judicial

Con respecto a este tema, Luis Fernando Salazar dijo que conformaría, desde Presidencia, una comisión de trabajo para lograr detectar en dónde se originan los cuellos de botella.

“En ella, habrá un ingeniero de procesos de planificación, un ingeniero de sistemas de Dirección de Tecnología y un profesional en Derecho. Además, desde esta comisión, se continuará con las que ya existe por parte de Comisión Mixta de Mora Judicial, junto con Colegios de Abogados”, apuntó.

Por su parte, la magistrada Patricia Solano aseguró que, antes de combatirla, era importante definirla para poder comprenderla y paliarla. Pero, por lo pronto, consideró que un punto de partida podría ser variar los horarios de los funcionarios judiciales.

“Cambiar el horario haría que sea más eficiente el asunto. No todos deben entrar a las 7:30 a. m. y salir a las 4:30 p. m. Eso podría hacer que se eficiente cada una de las acciones de las diferentes áreas jurisdiccionales”, recalcó la alta jueza, al tiempo en el que enfatizó que la mora judicial va más de los famosos cuellos de botella.

Propuso, además, integrar mesas de trabajo con diferentes actores y potenciar las herramientas de la tecnología de la información e inteligencia de datos.

Descongestionar Corte Plena

Ambos están claros en que la agenda de Corte Plena debe descongestionarse y quitarle las labores meramente administrativas que, bien, pueden hacer otros órganos.

Por ello, Solano contemplaría quitarle a Corte Plena tanto los nombramientos de los jueces, así como la aplicación del régimen disciplinario.

Sobre esto, propuso que los nombramientos los asuma el Consejo Superior. Con respecto a los asuntos disciplinarios, buscaría que Inspección Judicial resuelva, de forma unipersonal, los casos en primera instancia. En alzada (cuando hay apelación), ese mismo Tribunal, pero esta vez de forma colegiada, podría resolverlos y dictar la sentencia en firme.

También dijo pretender elaborar un plan operativo anual para Corte Plena, con lo cual se alinearían las necesidades institucionales. “Sería tamizar la labor mediante indicadores de cumplimientos de metas preestablecidas, tal como se lo exigimos a jueces y juezas y a todas las oficinas judiciales”, señaló.

Por su parte, Luis Fernando Salazar aseguró que Corte Plena debía ser más “pragmática, célere y concreta”. También apostaría a quitar las competencias de nombramientos de jueces, así como las revisiones de procesos disciplinarios.

“En asuntos disciplinarios, solamente se conocerán de aquellas personas que sean nombradas por la Corte, por ejemplo: el fiscal general, el director del OIJ, algún integrante del Consejo Superior o integrantes del Tribunal de Inspección Judicial. Pero los demás que atañen a judicatura, se los devolveremos a Inspección Judicial; no al Consejo Superior Administrativo, sino a un Tribunal Disciplinario Laboral”, puntualizó Salazar.

Sobre esto, indicó que impulsaría la creación del Tribunal de Apelación Disciplinario para así descongestionar tanto al Consejo Superior, como a la Corte, quienes, en la actualidad, deben ver estos procesos en alzada.

Voto público

Otra de las situaciones que se abordaron fue el voto público para elegir puestos de vital importancia dentro del Poder Judicial. Amos coincidieron en que ese es un ejercicio de transparencia necesario para, incluso, lavar la imagen de la entidad.

Salazar señaló que esta práctica fortalece la democracia y materializan los principios constitucionales de transparencia, probidad, fiscalización y rendición de cuentas.

Por ello, prometió que, de ser electo, propondrá que sea pública la ya retrasada elección del Fiscal General. Claramente, eso solo se consigue si la mayoría de magistrados están de acuerdo; es decir, no es una decisión única del presidente.

Solano coincidió en que estas elecciones deberían ser lo más transparentes posibles y, por ello, también apoya que sean públicas, en el tanto la ley lo permita.

Además, otro punto medular en las propuestas es mejorar la estrategia de comunicación para que la ciudadanía conozca la labor del Poder Judicial. También trabajarían en combatir la corrupción a lo interno para evitar eventuales filtraciones de grupos organizados.

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