Los diputados del Partido Liberal Progresista,(PLP), presentaron una consulta ante la Sala Constitucional sobre el proyecto de Ley para la promoción e implementación de una economía de hidrógeno verde en Costa Rica.

De esta forma se frenaría la votación en segundo debate prevista para hoy en el Plenario Legislativo.

Según el diputado del PLP, Diego Vargas, la intención es consultar si el texto posee vicios de constitucionalidad, “varios aspectos se están consultando entre ellos la razonabilidad técnica y objetiva de la tutela del ambiente, que no hayan lesiones al derecho de la propiedad privada, y la lesión a varios artículos de ambiente sano y ecológicamente equilibrados”.

La consulta también contó con el apoyo de varios diputados de la bancada oficialista. Precisamente, la semana anterior, la jefa de Fracción del Partido Progreso Social Democrático, Pilar Cisneros, indicó que votarían en contra la iniciativa, pues se oponen por ejemplo “a la exoneración total durante 15 años para las empresas y a que el sector público haga inversiones para algo que sería beneficio de la empresa privada”.

El proyecto conocido como hidrógeno verde que es impulsado por la fracción del Partido Unidad Social Cristiana, (PUSC), cuenta con el apoyo del Partido Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio.

En el PUSC aseguran que dicha iniciativa crea cadenas de valor industrial innovadoras, a través de una economía verde que además, se estima promoverá entre 84 mil y 220 mil empleos sostenibles para el 2050.

“Este proyecto de ley le va a traer empleo a los costarricenses, recursos frescos al Estado, porque va a tener dentro de 15 años cuando terminen las exoneraciones, la recuperación de los impuestos que al día de hoy estamos viendo cómo incentivos” comentó la jefa de la fracción del PUSC, Daniela Rojas.

De acuerdo con el texto, se propone declarar de utilidad pública la actividad industrial de hidrógeno verde, otorgar beneficios fiscales para la atracción de inversiones, como la exoneración de tributos, la importación de maquinaria y equipo, tributos a las utilidades, impuestos, gravámenes y tasas contributivas a importaciones o compra local de equipo para su funcionamiento.

Por su parte, los seis diputados del PLP han insistido a la corriente legislativa que están de acuerdo con la producción de hidrógeno verde como fuente de actividad económica para el país pero no en la forma en la que lo plantea el proyecto 22.392, que según ellos abre el portillo para que seis instituciones públicas desvíen sus recursos hacia la generación de hidrógeno, sin estudios previos de demanda y poniendo en riesgo los ya comprometidos presupuestos del Estado.

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