El próximo lunes 29 de agosto, la Corte Suprema de Justicia elegirá a su nuevo presidente o presidenta, luego de que hace casi un mes, el magistrado Fernando Cruz dejara ese máximo cargo.

Cinco altos jueces postularon su nombre: Luis Fernando Salazar Alvarado, magistrado de Sala Constitucional; Patricia Solano Castro, presidenta de Sala Tercera y presidenta a. i. de la Corte; Orlando Aguirre Gómez, magistrado presidente de Sala Segunda; Luis Guillermo Rivas Loáciga, presidente de Sala Primera; y Roxana Chacón, magistrada de Sala Segunda.

Este medio entrevistó a todos los candidatos para conocer un poco sobre las propuestas que traen ante una eventual gestión institucional. Por lo tanto, desde hoy y hasta el domingo, estaremos publicando dichas entrevistas.

La primera en publicarse es la de Luis Fernando Salazar Alvarado, quien aseguró que una de sus primeras gestiones sería que el nombramiento del próximo Fiscal General de la República no se postergue más.

Buscará no solo que se realice, como máximo, en setiembre, sino que también abogará para que la votación sea pública, tal como ocurrió cuando en marzo del 2018 escogieron a Emilia Navas Aparicio para ocupar la cabeza del Ministerio Público.

Acá, la entrevista completa con el alto juez constitucional:

¿Por qué decide postularse a la Presidencia?

Al estar en la Sala Constitucional por un periodo de ocho años, con carrera de 33 años, con un liderazgo que me caracteriza y una toma de decisiones, he tomado el reto de enfrentarme, de postular mi nombre. Pretendo presentar unas propuestas concretas de acceso a los medios de comunicación, de un cambio rotundo en la forma de comunicar sobre lo que se hace en Corte, pero sobre todo descongestionar la agenda de la Corte Plena.

Los días lunes, sesionamos en la mañana y tarde y no alcanzamos a ver ni el 20% de lo que se ha agendado para ese día. Me he propuesto la tarea de reducir los aspectos esenciales. Es decir, de poder seleccionar aquellos que debe continuar conociendo Corte Plena y cuáles puede delegarlos al Consejo Superior, al Consejo de la Judicatura. Considero que muchos aspectos disciplinarios y de nombramientos deben extraerse de Corte Plena.

Lo que ofrezco es buscar esas soluciones para ver cuál es la mejor forma de reducir los plazos de espera, no solo de la Corte, sino de los procesos judiciales. Así lograremos, por parte del ciudadano, una mayor credibilidad .

¿Considera que es posible realizar lo que usted propone?

Me caracteriza un liderazgo y un diálogo permanente. He sido una persona en la carrera judicial que siempre ha asumido retos en donde me encuentro. A raíz del diálogo y la negociación, fui juez coordinador del Juzgado de Trabajo de Goicoechea, fui juez coordinador del Tribunal Superior de Trabajo. En mi magistratura de estos ocho años, he ganado respeto y he tenido un liderazgo en posiciones que he asumido dentro de la Corte.

Sé que mis compañeros darán el apoyo a todas aquellas políticas que busquen reducir la mora judicial, los tiempos de espera en todos los procesos, sobre todo en los que tienen una mayor connotación social. Es decir, material laboral, familiar, pensiones alimentarias y, sobre todo, donde está en juego la libertad de las personas, como es la materia penal.

Estoy convencido de que con el apoyo de los compañeros, la Corte puede dar un cambio. Tengo la energía, el liderazgo y el conocimiento para dedicar a la ciudadanía, para hacer una transformación del Poder Judicial y convertirlo en una fortaleza dentro de la democracia y la institucionalidad.

¿Qué le dice al usuario en cuanto a la mora judicial?

El usuario tiene derecho y, nosotros, la obligación de resolverle de manera pronta y cumplida. Lo dice nuestra Carta Magna. Pero, más allá de eso, me he propuesto, de la mano de los jueces coordinadores de los diferentes despachos judiciales, buscar cuáles son esos nudos críticos de la alta morosidad judicial.

Si es que está en el señalamiento para juicios o debate, si hay cúmulo de asuntos esperando fallos, si hay excepciones previas, si hay asuntos archivados esperando prueba, etc.

De esa forma y de común acuerdo con los despachos judiciales, encontraremos cuáles son esos nudos críticos o esos cuellos de botella que afectan y provocan que el usuario no tenga la sentencia como se la merece en plazos más razonables. Eso debe ser y es el norte que llevo yo para poder lograr una mejor credibilidad del usuario. Pero, sobre todo, es importante que el usuario sepa qué se hace a lo interno de la Corte para reducir los tiempos de espera. Hacia eso va encaminada mi labor hacia la Presidencia de la Corte. 

¿Cuál sería su papel como presidente en cuanto a la independencia judicial?

Mucho diálogo, diálogo permanente. Fui formado en derecho de trabajo, con lo cual siempre he tenido diálogo con los usuarios y sindicatos, con patronos, con cámaras y con quiénes ejercen la presidencia de Supremos Poderes.

Fortalecemos la democracia en el tanto exista una coordinación permanente no solo a lo interno del Poder Judicial, sino a lo externo. Así fortalecemos la democracia y logramos las reformas necesarias para que el Poder Judicial pueda no solo reducir las listas de espera de procesos judiciales, sino para que la Corte sea más eficiente, célere y eficaz.

¿Qué se podrá hacer con el funcionario judicial?

He sido muy cercano, porque soy de la casa. Soy un juez de carrera cercano a los trabajadores también. Fui parte del Consejo de la Judicatura, antes de ser magistrado. Estuve en el juzgado, fui letrado de Sala de Casación.

Estamos con unos problemas económicos a raíz de los presupuestos, y tenemos que lidiar con lo que tenemos. Pero creo que al funcionario judicial hay que rescatarle la mística. Y esa mística se logra con diálogo permanente para conocer cuáles son las necesidades que tiene (…) para que podamos, de común acuerdo, reducir plazos. El funcionariado judicial es consciente de limitaciones, pero con ello debemos devolverle esa credibilidad al Poder Judicial.

Hay que reducir tiempos de espera, pero también hay que saber comunicar. Desde un departamento fuerte de comunicación de Presidencia, hay que transparentar más lo que hacemos, transparentar más lo que se hace en Corte Plena y comunicar acuerdos que se logren. De esa forma, podemos reducir esa percepción negativa hacia el Poder Judicial.

¿Cuál sería su propuesta con el tema del nombramiento del Fiscal General que se ha retardado por más de un año?

He sido muy crítico también de los pasos que se han venido dando para sustituir al fiscal. Hay una serie de recursos, de instancias, de procesos que han impedido que llegue por fin una terna a la Corte Suprema de Justicia. Pero no veo que haya una excusa para que no pase de setiembre el nombramiento del nuevo fiscal.

De ser electo, abogaré por una votación pública para el fiscal y para que no pase de setiembre. Una vez superados los obstáculos y recursos, le daré prioridad a ese tema, como a todos aquellos nombramientos de jefe departamentales sin nombramiento en propiedad. También aquellos nombramientos pendientes en judicatura y a agilizar nombramientos de Corte Plena. Además, buscaré devolver y robustecer al Consejo de Judicatura con nombramientos. 

¿Cuál sería su propuesta para el presupuesto del Poder Judicial?

Con el presupuesto que tenemos, hay que lidiar. No creo que en el Poder Judicial se destinen o se haga fiesta con los recursos. Se hace con lo que se tiene. Hay que conversar y buscar diálogo permanente con jefaturas del Poder Judicial: del Ministerio Público, del Organismo de Investigación Judicial, de la Defensa Pública y la Escuela Judicial.

Estamos convencidos de que con presupuesto que hay, tenemos que hacer una redistribución de partidas para lograr nuestro fin esencial: Devolver una sentencia en el menor plazo posible.

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