El Gobierno y las universidades públicas llegaron este jueves a un acuerdo para mantener en el 2023 el mismo monto nominal del Fondo Especial para Educación Superior 2022 y otorgar un incremento del 1% por concepto de costo de vida.

El próximo año las universidades públicas recibirán un presupuesto de ¢564.791 millones, y de ellos ¢15.000 millones será destinados para ejecución como inversiones de capital.

También quedó en firme el acuerdo para que la UTN sea considerada parte del FEES a partir del 2023 y en los años siguientes.

“Esta negociación no parte de un tema inflacionario; parte de la capacidad del Estado para poder hacerle frente a los gastos para financiar la educación y por eso se ha hecho un esfuerzo y se les ha incrementado, a pesar de que a los ministerios no ha sido posible darles más recursos”, expresó el ministro de Hacienda, Nogui Acosta.      

Las universidades públicas, por su parte, se comprometieron a cumplir una serie de metas solicitadas por el Gobierno de aquí al 2026 como parte de las negociaciones entre ellas: Del 100% de la población estudiantil, 54% de las matrículas corresponderá a estudiantes en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad social, además se definirá una metodología para el cálculo del costo por estudiante por carrera a más tardar en diciembre de 2023, se debe alcanzar al menos el 15% de la población de graduados con dominio certificado (nivel B2) del idioma inglés, e Incrementar a un 50% el número de estudiantes que cursan carreras STEM (Ciencias, Tecnología, Ingenierías, Matemáticas).

A pesar de que todos los rectores firmaron el acuerdo, en horas de la noche la Universidad de Costa Rica emitió un comunicado indicando que dicha universidad había firmado bajo protesta.

“El Rector de la Universidad de Costa Rica deja constancia que firma bajo protesta este acuerdo, en virtud del criterio mayoritario de todos sus colegas rectores y la representación estudiantil de las otras cuatro universidades. Considera que este acuerdo incumple con lo estipulado en el artículo 78 de la Constitución Política y está en desacuerdo con el monto incluido por concepto de ajuste de inflación”.

En dicho comunicado, Gustavo Gutiérrez, rector de la Universidad de Costa Rica, lamentó la situación:

” La negociación fue adversa en sus diferentes etapas. Sin embargo, ante un escenario incierto en la Asamblea Legislativa y la falta de apoyo en seno de CONARE a las propuestas planteadas por la Universidad de Costa Rica, nos hemos visto en la obligación de firmar el acuerdo tal cual fue presentado en la Comisión de Enlace. Seguiremos en defensa permanente de la educación pública en todos sus niveles”

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