El segundo presupuesto extraordinario quedó en firme este martes por la noche, sin la reducción de ₡6.689 millones que planteó el Ministerio de Hacienda al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), cuya reducción preocupó a los legisladores de la Comisión de Hacendarios porque impactaría al sector de vivienda.

El monto del presupuesto aprobado fue de ₡640.039.728.391.76, con una rebaja neta de ₡7.319 millones.

Durante la sesión, 55 legisladores dieron su aprobación mientras que el diputado, Gilberth Jiménez, fue el único que votó en contra.

Reacciones de los legisladores

Durante la sesión del Plenario, los diputados criticaron varios aspectos del presupuesto planteado por el Ministerio de Hacienda, pero también destacaron el hecho de que no se llevara a cabo el rebajo sustancial para el sector de vivienda social.

El legislador del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Carlos García, dijo que gracias a la moción del diputado Alejandro Pacheco, no se hizo el recorte planteado por el Ministerio de Hacienda para el sector social de vivienda.

“La moción para recuperar 6700 millones de colones para recortar al sector de vivienda. 650 bonos de vivienda, 2600 personas perjudicadas o beneficiadas directamente, 27.500 metros cuadrados de construcción y 2500 empleos que generará está aprobación”, mencionó García.

En esta misma línea, la diputada Paulina Ramírez del Partido Liberación Nacional (PLN) detalló que de no haberse incorporado esta moción, muchas personas en condición de vulnerabilidad hubiesen resultado perjudicadas.

“Logramos eliminar la rebaja de los 6.689 millones de colones que pretendía el Ministerio de Hacienda disminuir al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), lo cual eran recursos para financiar programas sociales, además son derechos de nuestra Constitución Política”, precisó.

Resaltó que esto es importante porque uno de los aspectos fundamentales para la reactivación económica es la construcción.

Entre ellos, la diputada del Frente Amplio, quien criticó el hecho de que el gobierno hable del interés de vender instituciones públicas, pero a la vez estas instituciones generan utilidades que son importantes para el sostenimiento de otras instituciones.

“Nos plantean una y otra vez que hay que vender las empresas públicas, una y otra vez insisten que las empresas públicas son una carga, que hay que mantenerlas, vendamos esa cosa, pero resulta que ese es el discurso y los presupuestos que vienen aquí ejemplifican la función de las empresas públicas dentro del esquema fiscal”, destacó Guillén.

“Es que son las utilidades del Instituto Nacional de Seguros (INS) son las que esta co-financiando el Régimen del Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ¿es o no útil y necesario ese ingreso proveniente de las utilidades del INS?”, añadió la legisladora.

En otra línea, Sofía Guillén, diputada del Frente Amplio, destacó que el gobierno debe llevar a la práctica lo que propone. Por ejemplo, que la CCSS ha demostrado que se necesitan los recursos, pero deben estar exentos de la regla fiscal. En este presupuesto se le trasladan 1.184 millones de colones, representan el 25% de las utilidades del INS.

“Las empresas públicas tienen una función en el aparto estatal costarricense, no solo brindar servicios públicos que uno esperaría que sean de la mejor calidad, que debemos aspirar que lo sean y debemos ser rigurosos en casos de corrupción, pero además de su función tienen un propósito fiscalista”, precisó.

Indicó que aunque si bien la propuesta inicia del Ejecutivo es la apertura del 49% de las acciones del INS, esto es una manera solapada de ir vendiéndolas.

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