“De ninguna manera se entrará a valorar la circular. La misma fue debidamente motivada y se explica por sí misma”. Así respondió el fiscal general interino Warner Molina Ruiz, cuando este medio le consultó si, tras el revuelo que causó, valoraría la pertinencia del oficio que cambia la dinámica de las detenciones.

Se trata de la circular 08-ADM-2022, la cual fue firmada por el jerarca del Ministerio Público el pasado 6 de agosto. Allí se derogaron los artículos 20, 21 y 22 de la otrora circular 21-ADM-2019, del 2019, los cuales daban mayor autonomía a las Policías en asuntos de detenciones.

Con esta nueva acción, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el resto de cuerpos policiales tienen prohibido detener personas sin la expresa autorización del Ministerio Público. Esto molesto a la Policía Judicial, la cual calificó de “nefastos” los alcances de la circular, al tiempo que reprochó no poder detener “sin una bendición previa (de Fiscalía)”.

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A raíz de esos cuestionamientos, este medio buscó la postura de Warner Molina sobre la circular, que surgió como recomendación de la Comisión del Enlace Ministerio Público-Cuerpo Policiales del Consejo Fiscal.

Él la defendió al asegurar que tiene el sustento jurídico necesario y consideró que no se debe someter a ningún tipo de valoración. No obstante, Wálter Espinoza, director del OIJ, sostiene su preocupación por lo que ocurrirá cuando este oficio entre en vigencia.

Fiscal General vs director del OIJ

En detalle, ¿cuáles son las contrariedades que hay ente las entidades?

Relación entre instituciones

Debido a que es una transcripción literal de la Constitución, del Código Procesal Penal y del fallo constitucional, Warner Molina aseguró que no hacía falta tomar criterio del OIJ.

Esa es una situación muy reprochada por la dirección de la Policía Judicial. Aseguró que en todo este tiempo han tenido una relación “cordial, cercana y de mucha coordinación” con la Fiscalía.

Wálter Espinoza acotó: “Me llama la atención que no nos hayan comentado que iban a modificar un documento que había sido consensuado, creado conjuntamente y como fruto de una conversación amplia, franca y muy profesional”.

Pero el reclamo no llega hasta ahí. Tampoco no se explican cómo la comisión que es de enlace entre el Ministerio Público y los cuerpos policiales, no los convocó.

“Esta circular que hemos cuestionado surge como consecuencia de una recomendación de la Comisión Enlace entre el Ministerio Público y los cuerpos de Policía. Pero se les olvidó que tenían que convocarnos a nosotros, me refiero a OIJ y al Ministerio de Seguridad Pública. Fuimos excluidos absolutamente de cualquier conversación previa”, refutó el jerarca policial.

Él dijo que, luego de la emisión del documento, sí tuvo un acercamiento con Molina. Allí le dejó clara su preocupación y se desacuerdo con lo publicado. “Le indiqué que íbamos a hacer una misiva en la que trasladábamos el riesgo por lo que pueda acontecer”.

Su creación

Warner Molina aseguró que lo que se hizo fue “transcribir textualmente” lo que contempla la Constitución Política, el Código Procesal Penal, así como un fallo del 2020 de la Sala Constitucional. Por ello, añadió, el mandato tiene el sustento necesario para emitirse y sostenerse.

“Ninguna autoridad administrativa o policial puede compeler al Ministerio Público a ignorar o irrespetar el marco normativo constitucional y legal. Ni su obligación de acatar las disposiciones emanadas de la Sala Constitucional”, respondió Molina.

Sin embargo, Wálter Espinoza lamentó su emisión. Señaló que, con ella, se modificó una circular que “fue fraguada en un taller o reunión que realizamos los jefes de delegación y de Fiscalía”.

“Allí se tomaron una serie de acuerdos dirigidos a normar, mejorar y armonizar la actividad de trabajo entre OIJ y Ministerio Público”, dijo Espinoza, recalcando que todo eso quedó eliminado con la llegada de la nueva circular.

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Sin oficialización

Wálter Espinoza explicó que, si bien conocen la circular porque trascendió en la prensa, lo cierto es que aún no les ha llegado ninguna comunicación formal.

“Con eso quiero decir que la manera en cómo nos enteramos fue por varias vías. La primera es que algunos fiscales la pusieron en conocimiento de jefes de sedes policiales. La segunda, y en mi caso particular, fue porque algunos fiscales me contaron. Me manifestaron contrariedad, preocupación y principalmente desacuerdo para con el contenido de esta nota”, señaló Espinoza.

Por ello, dijo, de momento no se ha podido cuantificar qué sucederá cuando entre en vigencia. “Vamos a preguntar al fiscal que si ya está vigente y a partir de cuándo”, apuntó el director policial. Asimismo mencionó que “no queda otra opción más que hacer lo que la Fiscalía señale; así tenemos que actuar”.

Alcances “nefastos”

Para Espinoza, los alcances de esta circular son “nefastos”. Obliga a todas las Policías a tener “una bendición previa” de la Fiscalía para detener a un sospechoso.

Lo más alarmante, agregó el jefe policial, es que esta circular se extiende a todas las otras policías. Entre otras críticas que hizo Espinoza es que el Ministerio Público “no tiene capacidad operativa para atender las consultas (…) ni en horario ordinario ni extraordinario”.

Añadió que en ningún párrafo se estipuló cómo será el contacto entre la Policía y la Fiscalía para consultar sobre las detenciones.

Sobre esto, el fiscal general a. i. aseguró, primero, que no tenía “interés” ni “tampoco contaba con tiempo para referirse a calificativos de esta índole (alcances nefastos)”. Lo que sí dijo es que “nefasto sería precisamente ir en contra de la Constitución, la Ley y los mandatos de la Sala Constitucional”.

Segundo, Warner Molina apuntó que las reglas del juego están claras ya que hay múltiples directrices y circulares que explican cómo proceder en temas de aprehensiones y detenciones.

“En los temas operativos, rige para todos los efectos la dirección funcional que deben brindar las fiscalas y los fiscales a los requerimientos policiales; sobre esto existe desde 1998 múltiples circulares y directrices que son de amplio conocimiento tanto del personal fiscal como del policial”, dijo Molina.

En cuanto a la capacidad operativa de la Fiscalía para atender las peticiones del OIJ, Molina refutó que no se tenga.

“El Poder Judicial tiene desde hace ya más de 20 años toda una logística de atención de casos penales, tanto en horarios ordinarios como extraordinarios. Todos los circuitos judiciales del país cuentan con fiscalías y juzgados de turno extraordinario, fiscalías y juzgados de flagrancias, así como personal fiscal “disponible” que labora 24/7 los 365 días del año”, concluyó el fiscal general interino.

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