El hecho de que los magistrados de la Sala Constitucional declararan inconstitucional la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), solamente vino a reforzar la hipótesis que ha mantenido la Fiscalía por este caso.

Así lo consideraron tanto el abogado Edwin Retana, quien fue fiscal de la República, como su colega Ewald Acuña. A ellos se les preguntó por el impacto que tiene este fallo constitucional sobre las causas penales que hay por esta cuestionable unidad.

La UPAD está bajo investigación desde el 2020, año en el que trascendió que el expresidente Carlos Alvarado la creó al inicio de su gestión, en el 2018. En apariencia, el exmandatario le otorgó el acceso a datos restringidos y sensibles de la ciudadanía.

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Por ello, actualmente fueron acusados penalmente Alvarado y Víctor Morales, exministro de la Presidencia. Otros exfuncionarios del Poder Ejecutivo del gobierno anterior también figuran como imputados en causas separadas.

Ante esto, Retana indicó que este fallo constitucional puede aportarle mucho a la teoría que maneja el Ministerio Público sobre el caso.

“Sin duda tenemos delitos en el Código Penal, que sancionan el uso indebido de información privilegiada. En ese sentido, debe ser analizado por parte de Fiscalía General el texto completo de este voto emitido por nuestra Sala Constitucional”, apuntó el exfiscal.

Ratificación en fallo de Sala IV

Por su parte, Ewald Acuña, quien es el abogado de Víctor Morales, consideró que la resolución de los magistrados solo viene a ratificar algo que siempre se ha sabido.

“El efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad es reforzar la hipótesis de la Fiscalía sobre que el decreto de creación de la UPAD es contrario a las garantías constitucionales”, apuntó Acuña.

No obstante, recalcó, este pronunciamiento de la Sala IV no viene a complicar la línea de defensa en la que han trabajado, ya que “siempre se ha reconocido el error en la redacción del artículo 7 del decreto de creación de la UPAD”.

Investigaciones penales

Antes de detallar los asuntos que se resuelven en la vía penal, vale la pena recordar cómo fue que se descubrió la unidad. Según lo que ha trascendido, esta funcionó desde el inicio de la gestión de Alvarado, en el 2018, y supuestamente allí se manejarían datos restringidos y sensibles de los ciudadanos.

En octubre del 2019, el exmandatario firmó un decreto para oficializarla, ya que, antes de ese momento, no se dio a conocer públicamente. Fue publicada en febrero del 2020 en el diario oficial La Gaceta y, a los pocos días, comenzó el escándalo, que conllevó a los magistrados a pronunciarse este miércoles 17 de agosto.

Pero, como bien se dijo anteriormente, esto también escaló a la vía penal, en donde se manejan tres investigaciones.

  • Expediente 20-5434-042-PE: Esta es la causa principal. Los investigados son Alvarado; Morales; los asesores que manejaron datos: Alejandro Madrigal, Andrés Villalobos y Diego Fernández; Luis Salazar, abogado que tramitó el decreto; y Felly Salas, exdirectora del despacho presidencial.
  • Expediente 22-0006-033-PE: Solo se investigan al expresidente y exmandatario. Se les investiga puntualmente por la creación de la UPAD, mas no por su funcionamiento. Este caso es el que ya tiene acusación por los delitos por el presunto delito de prevaricato, en concurso ideal con un delito de fraude de ley y otro más de abuso de autoridad.
  • Expediente 22-0007-033-PE: Por los mismos hechos anteriores, se abrió este legajo contra el exviceministro de Planificación, Luis Daniel Soto. Él estuvo a cargo del Mideplan cuando se firmó el decreto.
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