Este miércoles 17 de agosto, los magistrados de la Sala Constitucional declararon inconstitucional la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), que surgió el 14 de octubre del 2019 durante la administración del expresidente de la República, Carlos Alvarado Quesada.

Los magistrados resolvieron una acción de inconstitucionalidad interpuesta en contra del decreto ejecutivo N.º 41996-MP-MIDEPLAN. Determinaron que el artículo número 7, en el párrafo segundo de dicho decreto, “infringió y quebrantó el derecho a la autodeterminación informativa, el principio de reserva legal en materia de regulación de derechos fundamentales y excedió la potestad reglamentaria” en lo que se refiere al otorgamiento de potestades de imperio a dicho órgano.

Fernando Castillo, magistrado Presidente de la Sala Constitucional, recalcó que por mayoría concluyeron que este decreto vulneró y quebrantó estos derechos.

La sentencia, dictada en el voto N°. 2022019110, indica que tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha en vigencia de la norma anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe, es decir que tiene efecto sobre lo que generó para el momento en el que estaba en vigencia el decreto.

Además, en la Sala Constitucional aclararon que en materia constitucional no hay condenatoria, sanción o castigo a quienes promovieron el decreto.

Investigaciones penales

Por este hecho hay dos causas penales abiertas. La primera es la numero 22-000007-033-PE, en la cual se investigan a ocho personas entre exfuncionarios de Casa Presidencial, el exviceministro de Planificación Luis Daniel Soto Castro, el exministro de la Presidencia y exdiputado Víctor Morales Mora y el expresidente de la República, Carlos Alvarado Quesada.

La otra causa es la 22-000006-033-PE. En esta, la Fiscalía General acudió el 1°. de febrero pasado ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para solicitar la acusación y apertura a juicio en contra de Alvarado Quesada. También solicitaron lo mismo en contra del entonces diputado Víctor Morales Mora por los presuntos delitos de prevaricato, fraude de ley y abuso de autoridad.

Al perder ambos su inmunidad el pasado 1°. y 8 de mayo cuando dejaron sus cargos, el expediente con la acusación debe ser enviado nuevamente al Ministerio Público para que se tramite por la vía ordinaria.

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