Un grupo de exportadores denunciaron que viven una “grave” situación con la empresa APM Terminals y piden un rebajo en las tarifas de exportación e importación por el muelle de Moín.

La queja la presentaron ocho cámaras de exportadores y productores al Presidente de la República, Rodrigo Chaves, a través de una misiva en la que piden la intervención del mandatario.

Los empresarios insistieron en que no se contemplaron inconformidades del sector con la Terminal de Contenedores Moín (TCM), principalmente vinculadas al tema tarifario.

“El contrato se firmó con una serie de cláusulas, las cuales no han beneficiado a la competitividad del país”, explicaron. 

Solicitud reiterada

Entre el 2019 y el 2021 solicitaron rebajas de las tarifas al Consejo Nacional de Concesiones (CNC) y al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), aseguraron los denunciantes, sin tener una respuesta a su favor.

“El concesionario se ha negado a hacer una rebaja razonable y aduce que se requiere una renegociación del contrato de concesión, lo cual no compartimos”, informaron las cámaras.

La petición para intervenir fue firmada por la Asociación de Productores de Banano de Costa Rica (Aproban), la Cámara Costarricense de Exportaciones (Cadexco) y la Cámara Nacional de Agricultura y Agraria (CNAA).

Además de la Cámara Nacional de Bananeros (CNB) y la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep), la Cámara Nacional de Transportistas de Carga (Canatrac), la Cooperación Bananera Nacional (Corbana) y la Cámara Costarricense de Navieros (Nave). 

Los exportadores informaron que desde que se constituyó la terminal el puerto se convirtió en uno de los más caros de la región, situación que los coloca en desventaja con otros países. 

Para 17 de agosto se aplicará el ajuste anual a las tarifas que para esta oportunidad será del 9%, que se establece según el índice de precios al consumidor de los Estados Unidos.

En agosto del 2021 se realizó un ajuste del 5.4%, con lo cual el incremento de las tarifas rondará el 15%, en tan solo dos años.

“El ajuste de este año es totalmente circunstancial e inesperado, dado el complicado entorno internacional y en específico por el aumento inusual de la inflación en Estados Unidos”, dicen.

“El contrato de concesión se rige bajo los principios de buena fe y colaboración que deberían ser considerados por el operador con un acto de solidaridad con nuestro país”, concluyeron.

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