La Dirección de Planificación del Poder Judicial dio a conocer esta semana una serie de inconsistencias que, aparentemente, tiene el Cuarto Informe del Estado de la Justicia, el cual fue publicado a principios de julio.

Ante ello, la presidenta interina de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano, fue muy clara: “Hay un tema que me parece que es relevante. El hecho de que los datos no sean exactos, le resta credibilidad al informe y a la institucionalidad”.

Cabe recordar que este informe, que estudia el funcionamiento del sistema judicial, señalaba que los ciudadanos confían poco en el Poder Judicial. También dio a conocer problemas que se dan en lo contencioso administrativo, así como la ya conocida mora judicial, entre muchas otras conclusiones.

Los magistrados tomaron con preocupación lo expuesto en el Estado de la Justicia. Propusieron analizarlo y cotejar los datos para así tomar decisiones.

Tras ese análisis realizado en conjunto por magistrados y diferentes departamentos del Poder Judicial, concluyeron que había información incorrecta. “Cosa que hay que rectificar”, según las palabras de la magistrada de Sala Segunda, Roxana Chacón.

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Entre las inconsistencias señaladas están aspectos puntuales sobre indicadores judiciales, proyectos institucionales en ejecución, sistemas informáticos de seguimiento y análisis de gestión.

Por ello, en la sesión de Corte Plena realizada el lunes pasado, los magistrados aprobaron remitir ese documento al Programa del Estado de la Justicia.

Asimismo, les propondrán realizar “un taller con autoridades judiciales para cotejar la información y brindar conclusiones más apegadas a datos institucionales oficiales”, aseguró el Poder Judicial.

Solano: ‘Cuestionamos la metodología’

Tras escuchar las supuestas fallas del informe, la jerarca a.i. de la Corte, Patricia Solano, aseguró que estos cuestionamientos al Estado de la Justicia poco aportan al Poder Judicial.

“El resultado de la evaluación (…) no es otra cosa que insumos para la retroalimentación para la toma de decisiones. Por ello, para el Poder Judicial como para el Estado de la Justicia, los cuestionamientos que puedan generarse del informe resultan en un perjuicio y no abona al fortalecimiento de la institucionalidad“.

Por ello, mostró su preocupación por la metodología que utilizan en el Estado de la Justicia. Esto lo dice porque, con los mismos datos, el Programa llega a una conclusión y, el Poder Judicial, a otra.

“La metodología utilizada es lo que nosotros, de alguna manera, podríamos cuestionar: ¿cómo se llegan a diferentes conclusiones? Porque, con los mismo datos, hacemos un tipo de evaluación distinta. Nos preocupa la interpretación que se hace de los procedimientos”, apuntó Solano.

Sin rigurosidad

Solano no fue la única que se preocupó por las observaciones hechas al Estado de la Justicia. El magistrado constitucional Jorge Araya también levantó la mano para asegurar que esta es una situación a la que hay que ponerle cuidado.

Él indicó que, así como toma con responsabilidad y compromiso de mejora lo dicho en ese cuarto informe, también lo “llena de enorme preocupación”.

“Las observaciones de las 29 áreas de acción del Poder Judicial confirman que la visión, el método, el análisis, los mecanismos de cotejo, los parámetros de comparación, la ausencia de análisis integral y los problemas de interpretación (…) no están claramente determinados”, señaló el alto juez.

Eso sí, apuntó, no duda del “prestigio del que goza” el Programa. Pero, agregó que, tras ese informe, hay que replantearse muchas cosas.

“El Poder Judicial es la piedra angular en el sistema democrático. Desde ese punto de vista, cuando se difunde un informe de esta naturaleza, 275 páginas, y nosotros como resumen hacemos 200 (páginas) en calidad de respuesta, con 600 adicionales de respaldo, por supuesto que aquí tenemos que entrar en un proceso de reflexión y replanteamiento“, apuntó Araya.

El presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, coincidió con Araya. Él apuntó que, a su criterio, el Estado de la Justicia debía ser independiente, objetivo y riguroso.

“Después de escuchar a Planificación, concluyo que el informe no es riguroso y, en ese sentido, coincido con Araya de que hay demasiadas inconsistencias”, dijo Castillo.

Agregó que, tras enviar el documento al Programa, este último debe rectificar la información. En caso de no hacerlo, propuso, el Poder Judicial debe hacer la aclaración correspondiente.

Para Jesus Ramírez, magistrado de la Sala Tercera, si el Estado de la Justicia no accede a corregir los datos, la decisión debe ser una: No hacer otro informe de estos.

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