El pasado 5 de agosto, el fiscal general a.i., Warner Molina Ruiz, emitió una circular en donde prohibe al OIJ y al resto de cuerpos policiales detener personas sin la expresa autorización del Ministerio Público.

Esa disposición, que quedó expresa en el oficio 08-ADM-202, dejó sin efecto los artículos 20, 21 y 22 de la otrora circular 21-ADM-2019, de julio del 2019. Estos daban mayor autonomía a los diferentes cuerpos policiales del país, en asuntos de detenciones.

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En su lugar, la nueva instrucción dicta: “Los cuerpos de policía solo podrán ejecutar detenciones ante órdenes expresas emitidas por los órganos jurisdiccionales y, o el Ministerio Público“.

La circular no fue bien recibida por Wálter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quien catalogó sus alcances como “nefastos”.

En primer lugar, aseguró que este oficio no solo “limita y afecta” la tarea operativa de la Policía Judicial. Sino que, a su criterio, esto también alcanza otros cuerpos policiales como la Policía de Control de Drogas (PCD) o la Fuerza Pública, ambos del Ministerio de Seguridad.

Para Espinoza, este contenido “elimina la posibilidad de que, de manera autónoma y en ejercicio de las funciones que nos confiere la Ley Orgánica del OIJ, podamos detener a personas que están involucradas en un hecho delictivo”.

Indicó que lo anterior es así porque la Fiscalía ahora antepone la “manifestación escrita de un funcionario del Ministerio Público” a la captura.

Refutó: “En un país tan violento, que exporta más cocaína a Europa, que está en el istmo mas violento del mundo, somos la única Policía que no puede detener sin una bendición previa (de la Fiscalía), sin una autorización escrita y, eso, definitivamente es inaceptable”.

¿Cómo será en lo práctico?

La preocupación se extiende porque, según Espinoza, hay que entender que la “delincuencia no tiene horario y se manifiesta sin aviso previo a las autoridades”.

Entonces, partiendo de esa premisa, la Fiscalía debería tener personal 24/7 para atender las múltiples solicitudes que harán los agentes judiciales. No obstante, según Espinoza, el Ministerio Público “no tiene capacidad operativa para atender las consultas (…) ni en horario ordinario ni extraordinario”.

Además, Espinoza indicó que en ningún párrafo se estipuló cómo será el contacto entre la Policía y la Fiscalía para consultar sobre detenciones.

Pero los cuestionamientos van más allá. “Tampoco se definió qué vamos a hacer con la persona a quien se tiene resguardada, mientras el fiscal nos emite orden escrita de cómo proceder”.

Agregó: “No comprendo cómo se emite esta circular sin definir qué sucederá en horas inhábiles, en sitios recónditos, en lugares donde no se puede consultar. ¿Qué hacemos con las personas mientras hacemos consultas? ¿Cuál es el estado de situación jurídica de esa persona: se puede ir o no? ¿Está aprehendida o detenida? ¿La Policía está incurriendo en hecho delictivo al resguardarla?”.

Con todo lo dicho, Wálter Espinoza cerró asegurando que estas directrices no son más que un “desestímulo absoluto” para todos los cuerpos policiales.

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