Antes, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tenía potestades para hacer detenciones. Así lo estipulaban los artículos 20, 21 y 22 de la circular 21-ADM-2019, emitida en 2019 y suscrita por la entonces fiscala general Emilia Navas Aparicio.

¿Qué decían exactamente esos artículos? A continuación, una transcripción textual de la disposición:

Artículo 20.- El OIJ por imperativo de ley podrá practicar las detenciones de personas imputadas para su posterior presentación a la fiscalía, para lo cual deberá entregar el informe de investigación de la causa dentro de los plazos establecidos en el instructivo general 1-2012.

Artículo 21.- En aquellos casos que trate de una investigación que ya está en curso en la fiscalía, de previo a efectuar la detención se deberá coordinar con la fiscala o el fiscal a cargo de la causa sobre dicha aprehensión. Cuando haya elementos de presunción de que la persona sospechosa tiene relación con el caso investigado y dentro del término que señala la normativa, la Policía Judicial podrá realizar en cualquier momento la detención del sospechoso, según lo establecido en aras de procurar de la celeridad del caso y una justicia pronta y cumplida.

Artículo 22.- Una vez realizada la detención, la o el oficial a cargo del caso deberá informar a la fiscalía sobre la existencia de una persona detenida y que se encuentra en cárceles; por lo anterior el Ministerio Público recibirá el informe de persona detenida y procederá a realizar la coordinación con el personal de cárceles consignado en el informe, para que la persona detenida le sea presentada y custodiada con la finalidad que se realice el trámite correspondiente, conforme a la legislación procesal vigente.

No obstante, dichas condiciones quedaron completamente fuera del escenario, luego de que Warner Molina, actual fiscal general interino, emitiera una circular para cambiar las reglas del juego.

A partir del 5 de agosto, día en el que emitió la directriz, toda detención se debe realizar con el visto bueno previo de la Fiscalía.

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