La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) reclama un total de $10 millones (casi ¢7 mil millones) por el caso del cemento chino y el Banco de Costa Rica (BCR). La información fue confirmada por la entidad que representa al Estado, ante una consulta de Canal 13.

Según indicó, la querella y la acción civil resarcitoria fueron interpuestas el viernes 29 de julio en contra del empresario cementero Juan Carlos Bolaños Rojas y exmiembros de la alta gerencia de esa entidad bancaria por presuntas irregularidades cometidas con un crédito de $30 millones.

Caso de cemento chino y el BCR: Fiscalía acusa a Juan Carlos Bolaños y a miembros de alta gerencia del banco

Además de Bolaños, figuran: Paola Mora Tumminelli, expresidenta del BCR; Marvin Francisco Corrales Barboza, subgerente de banca minorista; Andrés Víquez Lizano, subgerente de banca mayorista; Leonardo Acuña Alvarado, subgerente de Finanzas y Riesgo; y, Gilberth Barrantes Campos, gerente corporativo de Riesgos y Control Interno; y Rodrigo Ramírez Rodríguez, quien era el director de Gestión de Créditos.

Las últimas dos personas señaladas son dos gerentes de la empresa Sinocem Costa Rica: Mario Cortés Zúñiga y Javier Rojas Segura.

Agregó que también se demandó a cuatro personas jurídicas para que “solidariamente sean condenados el resarcimiento del daño social ocasionado con dichos hechos ilícitos”.

Se trata de:

  • Sinocem Costa Rica S. A., cédula jurídica: 3-101-690116
  • Inversiones e Inmobiliaria del Grupo JCB S.A., cédula jurídica: 3-101-438596
  • JCB Constructora y Alquiler S.A., cédula jurídica: 3-101-320803
  • JCB Distribuidora S.A., cédula jurídica: 3-101-367152

Por su parte, indicó la PEP que los delitos que se les querellan son:

  • “Tráfico de influencias en la obtención de un crédito revolutivo para Sinocem Costa Rica S.A.”.
  • “Peculado por la distracción de fondos públicos girados por parte del Banco de Costa Rica a Sinocem Costa Rica S.A., a pesar de conocer que no estaba cumpliendo el plan de inversión del crédito para comprar cemento”.
  • “Influencia en contra de la Hacienda Pública por realizar maniobras en contra del interés público, el Banco de Costa Rica y la Hacienda Pública para beneficiar ilícitamente al sujeto privado y su grupo de interés económico”.
  • “Receptación, legalización o encubrimiento de bienes (tipo de legitimación de capitales) para los sujetos particulares, por introducir en el mercado financiero costarricense fondos ilícitos provenientes del delito de peculado”.

¿Qué sigue ahora?

Una vez que la PEP se constituye como querellante en la causa penal, la Fiscalía General deberá hacer un peritaje por daño social para determinar si los $10 millones se mantienen o si varían el monto.

A partir de que esa cifra quede estipulada, la Fiscalía deberá poner en conocimiento a los imputados de las querellas formuladas. Una vez hecho eso, el expediente deberá trasladarse al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública para señalar audiencia preliminar.

En esa diligencia judicial se analizará la posibilidad de salidas alternas al proceso o, si por el contrario, eleva a juicio.

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