La coordinadora de la Fiscalía de Cañas, de apellidos Bolaños Palacios, fue despedida de su puesto por “extraviar” cerca de ¢22 millones, dinero que provenía de decomisos hechos en distintas causas judiciales.

Así lo decidió el Tribunal de Inspección Judicial el pasado 30 de junio, por medio de la resolución Nº. 02321-2022, de la cual Canal 13 tiene copia. Allí, los inspectores determinaron que la falta cometida era gravísima y, por ello, debía revocarse su nombramiento.

Este caso se destapó en julio del año pasado, cuando la Fiscalía de Anticorrupción confirmó que investigaba a Bolaños por “sustraer bienes” de ese despacho. La detuvieron en setiembre, ya que se presumía que, en los últimos dos años, sustrajo dinero cuando se quedaba a solas en la oficina.

Pero, justamente un mes antes de que la capturaran, Inspección Judicial abrió un proceso administrativo para sentar responsabilidades a lo interno.

Otro coordinador de Fiscalía despedido por extraviar ¢1.300.000

¿Qué ocurrió en esa Fiscalía?

Según el fallo administrativo, Bolaños tenía once años de trabajar para el Poder Judicial, tiempo en el que fue objeta de varios procesos disciplinarios. Evidentemente, el más gravoso es este que nos ocupa.

Por su cargo, ella era la encargada de la recepción y custodia de los dineros decomisados y de la caja fuerte del despacho. Por ello, entre el 2020 y el 2021, recibió dinero proveniente de decomisos hechos en temas de drogas y legitimación de capitales.

Pese a que conocía que tenía solo 24 horas para depositar el dinero decomisado en el banco, nunca lo hizo, apuntó la resolución.

La fiscala adjunta de Cañas detalló a Inspección Judicial que descubrió la situación cuando debía refrendar acusaciones de otros fiscales entre mayo y julio del 2021.

Según el expediente, la fiscala adjunta dijo: “Al momento de revisar los expedientes para refrendar las acusaciones, evidenció la ausencia de los comprobantes de depósito. Por ello, les indicó a los fiscales que, primero, debían agregar dichos documentos para luego, ella refrendar las acusaciones. Arguye que, debido a tal medida, acumuló cuatro expedientes en espera y los fiscales auxiliares comenzaron a presionar por los comprobantes”.

Cuando los funcionarios le pedían los comprobantes a Bolaños, esta solo se excusaba. Unas veces decía que había dejado la llave de la caja fuerte (donde supuestamente estaban los documentos) en su casa; otras veces, incluso, hasta faltaba al trabajo alegando males de salud.

La situación y molestia de la fiscala adjunta incrementaba con el paso del tiempo. Por eso, el 23 de julio del 2021, llevó a Bolaños hasta su casa para que le facilitara la llave.

“Habiendo pasado diez minutos, la encausada salió y le manifestó (a la fiscala adjunta) que siempre había tenido las llaves, pero que, en diciembre, había metido un dinero (…) y se lo habían robado.

“Por ello, no había querido abrir la caja fuerte hasta recuperar la suma extraviada. En atención a lo anterior, (Bolaños) le solicitó abrir la caja fuerte hasta el lunes para poder buscar el dinero”, se lee en el fallo de Inspección Judicial.

Ante lo dicho por Bolaños, la fiscala pidió a sus subalternos que determinaran en cuántos expedientes hacía falta los comprobantes. “Concluyeron que, en trece expedientes relacionados con drogas y legitimación de capitales, faltaban los comprobantes de depósito, sumando un total de veinte millones de colones, dinero que a la fecha constituye un faltante en la evidencia entregada a la oficina”, enfatiza la resolución.

Ese panorama la obligó a alertar de la situación a la Fiscalía de Probidad, la cual aperturó el expediente 21-000009-1770-PE por el delito de peculado.

Inspección: Su interés fue ‘mezquino’

Luego de analizar todo lo expuesto, los jueces de la Inspección determinaron que “no se trató de un simple error” de la funcionaria. Por el contrario, ella tuvo un “interés mezquino en ocultar el incumplimiento de sus funciones”.

Para empezar, apuntaron, la conducta de ella es “a todas luces inaceptable y, evidentemente, reprochable”.

“Era conocedora del protocolo a seguir para la adecuada custodia de los valores incautados en cada una de las causas aquí descritas; sin embargo, de forma mezquina y en claro desprecio a la función que desempeña en la Fiscalía de Cañas puso en entredicho la gestión de ese despacho como órgano auxiliar a la función jurisdiccional”, señalaron en la resolución.

Agregaron que lo anterior causó un “daño grave” a la administración de justicia.

Pero más allá de eso, sus acciones “someten el patrimonio institucional en tanto de no ubicarse dichas sumas de dinero, el Poder Judicial y el Estado Costarricense se encuentra compelido a responder ante terceras personas por las sumas pecuniarias retenidas en detrimento del erario”.

Por esas razones, el Tribunal de Inspección Judicial consideró que Bolaños perdió la confianza que se le había concedido. Y la despidieron.

Esta decisión administrativa tiene recurso de apelación ante el Consejo Superior del Poder Judicial.

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