Luego de que el fiscal general Warner Molina diera a conocer que se acusó a seis directivos de la Superintendencia General de Valores (Sugeval) por el caso Aldesa, surgió la pregunta: ¿Quiénes son los imputados?

Superintendente de Valores y otros cinco directivos acusados por ‘no hacer trabajo que debían’ en caso Aldesa

Ante una consulta de Canal 13, el Ministerio Público amplió la información, señalando que los acusados son:

  • María Lucía Fernández Garita, actual superintendente general de Valores.
  • Isaac Castro Esquivel, fue intendente en periodo de investigación.
  • González Aguilar, director de la División de Asesoría Jurídica.
  • Segura Cano, director de la División de Supervisión de Fondos y Emisores.
  • Arias Hernández, directora de la División de Supervisión de Mercados de Valores.
  • Mata Solís, directora del Departamento de Oferta Pública de Valores.

A ellos se les imputa un delito de incumplimiento de deberes. Este castiga con una inhabilitación de uno a cuatro años al “funcionario que ilegalmente omita, rehuse hacer o retarde algún acto propio de su función”, establece el Código Penal.

Según la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, se les achaca haber incumplido con los deberes de fiscalización, regulación y supervisión del Grupo Financiero Aldesa.

Esta empresa es investigada por declarar la imposibilidad de pagos a 500 clientes que invirtieron $200 millones en proyectos inmobiliarios de esa empresa.

La pieza acusatoria, que forma parte del expediente 21-000054-0621-PE, fue trasladada al Juzgado Penal de Hacienda en diciembre pasado. Allí se fijará fecha para la audiencia preliminar, donde el juez definirá si el caso se eleva o no a juicio.

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El caso

En marzo del 2019, la Fiscalía recibió una denuncia por presunta estafa cometida por Javier Chaves Bolaños, presidente de Aldesa y quien había sido ministro de Transportes entre el 2002 y el 2004.

Meses después, el Ministerio Público ordenó la detención de Chaves, a quien se le indagó por los delitos de estafa mayor, administración fraudulenta, libramiento de cheques sin fondos, autorización y publicación de balances falsos, autorización de actos indebidos e incumplimiento de deberes.

Tras la indagatoria, el presidente de Aldesa quedó en libertad y, a su salida de los Tribunales de Justicia en aquel momento, aseguró a los medios que lo que tenía era un problema de liquidez que le impidió continuar con los pagos de los inversionistas, pero que eso no significaba que los había estafado.

Sin embargo, la investigación continúa para poder esclarecer qué fue lo que ocurrió.

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