Un nuevo proyecto de ley pretende restituir el artículo 2 de la Ley N°  8754, llamada Ley contra la Delincuencia Organizada, el cual, por ejemplo, permite duplicar los plazos de investigación preparatoria en procedimientos especiales (estos se dan cuando hechos indagados califican como crimen organizado).

Se trata del expediente legislativo N° 23.208, denominado Ley para restituir la declaratoria de procedimiento especial en la lucha contra la delincuencia organizada: modificación de la Ley N° 8754.

Según la iniciativa, el 17 de octubre del 2019, la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el proyecto de Ley N° 9769. Fue publicado el 30 de octubre del 2019, dando 18 meses más de prórroga para contar con el recurso económico para que entre a regir la Ley N° 9481, Creación de la Jurisdicción Especializada contra el Crimen Organizado.

Al parecer, esto presentó un efecto en la legislación y es lo que preocupa a los diputados que suscribieron el nuevo proyecto. “Nótese que la Ley N° 9.769, que le da el nuevo plazo de vigencia a la Ley N° 9.481, entró a regir luego de su publicación el 30 de octubre de 2019 y, mientras tanto, la Ley N° 9.481 ya tenía 16 días de entrar en vigencia, porque el plazo que le dio la Ley N° 9.591 se había cumplido el 14 de octubre del 2019 y, por lo tanto, no tenía ningún impedimento para materializar plenamente los efectos de la ley”, se lee en el proyecto.

Agrega el documento: “La demora en la publicación de la Ley N° 9769 hizo que la Ley N° 9481 entrara en vigencia días atrás y con ello se materializan las derogatorias y modificaciones a la Ley N° 8754. Concretamente, esta situación deroga un artículo vital para la persecución del crimen organizado”.

Según indicó Gloria Navas, diputada del Partido Nueva República y quién pertenece a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, esta es una iniciativa que viene de la administración del exmandatario Carlos Alvarado.

“Es más completo, trae reforma de cinco artículos y restablece el artículo #2 para legitimar las intervenciones telefónicas, los allanamientos y todas estas situaciones de investigación del crimen organizado”, señaló la legisladora.

Por su parte, el juez penal y magistrado suplente de la Sala de Casación Penal, Willian Serrano Baby, indicó que es importante darle claridad a este asunto.

“Ha generado algún tipo de inseguridad jurídica porque va a depender de qué tribunal le corresponde la causa para que así se resuelva. Por esa razón, creo que lo más conveniente en este caso es que la Asamblea Legislativa proceda a analizar este punto en particular, dar al Poder Judicial una mejor herramienta y estar más claro”, resaltó el alto juez.

Baby aseguró: “Si se quiere corregir el error, lo que hay que hacer en definitiva es restituir todos los artículos derogados”.

Señalamientos

La preocupación por esto se atizó cuando defensores de los ya mediáticos casos Cochinilla y Diamante presentaron escritos alegando la nulidad de algunos procesos por la derogatoria de este artículo.

Ante ello, el Poder Judicial salió al paso asegurando que se trató de un error de la Asamblea Legislativa.

Un informe del departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea expresó lo siguiente:

“Es precisamente por este periodo de vigencia, que es posible afirmar que los efectos de las modificaciones que contiene dicha ley, cobraron vigor jurídico durante ese plazo. De manera que el nuevo aplazamiento de la entrada en vigencia de la Ley N° 9481 aplicaría para la creación y funcionamiento de la jurisdicción especializada en Criminalidad Organizada, pero no así para las reformas o derogatorias que produjo”

“En este sentido, una correcta técnica legislativa indica que no existe ninguna figura jurídica que permita revivir una norma que fue derogada. De forma tal que el artículo 2 de la Ley 8754 fue derogado por la vigencia temporal de la ley N°9481. Reiteramos que, aunque dicha vigencia fue modificada posteriormente, surtió efectos jurídicos durante el tiempo que estuvo vigente, en lo referente a las reformas y derogatorias que contiene”.

Línea de tiempo de las diferentes leyes aprobadas

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