“Estaba infundado e incorrecto”. Con esas palabras, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Goicoechea justificó su decisión de anular el fallo dictado, en marzo del 2022, en contra del exempleado de Recope por un supuesto sabotaje al plantel de Moín, Limón.

El imputado es Carlos Andrés Pérez Sánchez, quien fue detenido en setiembre del 2018 durante unas manifestaciones nacionales en contra de la conocida reforma fiscal. En medio de este movimiento, Pérez supuestamente habría causado daños a la válvula de una esfera que guarda gas LPG, justo en el momento en que un barco se disponía a descargar el producto.

Por estos hechos, él había sido sentenciado en 2018 a dos años de prisión, pero una apelación se lo trajo abajo. En un segundo juicio, realizado en marzo anterior, el Tribunal Penal de Limón lo condenó a cinco meses de cárcel.

Sin embargo, la defensa de Pérez interpuso una apelación porque consideraba que no había una congruencia entre los hechos acusados y la sentencia. Además, señaló que el fallo se basaba en dos indicios “cuestionables”: una mancha en la ropa del imputado y que él estaba en el sitio cuando se dio el sabotaje; sin embargo, nadie lo vio cometiendo el daño.

Tras hacer una revisión de la sentencia, el Tribunal de Apelación de Goicoechea dio la razón a José Miguel Villalobos, abogado del imputado, y criticó fuertemente a los jueces de primera instancia por no tomar en cuenta ni tan siquiera el contexto social y político que encerraba la detención de Pérez Sánchez, según se desprende de la resolución 2022-0952, del 4 de julio pasado.

Por ello, anuló la sentencia y ordenó un juicio de reenvío, el cual deberá ser programado por el Tribunal Penal de Limón.

Punto por punto

Para empezar, los juzgadores Edwin Jiménez, Rosa María Acón y Laura Murillo aseguraron que “no observan el deber de la fundamentación” en el fallo apelado; es decir, no tenía “fundamento fáctico, intelectivo y jurídico, que cumpla con los parámetros legales requeridos para su validez y eficacia”.

Estipularon que el Tribunal Penal incurrió en un “yerro” cuando estableció que el delito de atentado contra planta, conductores de energía y comunicaciones (por el que se acusó a Pérez) podía darse cuando hay un peligro abstracto. Es decir, para la primera instancia, “no tenía relevancia jurídica determinar si la conducta del imputado pudo o no poner en riesgo a la seguridad común”.

Más grave aún es que los jueces de alzada observaron que los argumentos del abogado de Pérez “se pasaron de lado o se apreciaron de forma muy superficial”, existiendo así una clara violación al derecho de defensa.

Otro punto que abordaron en Alzada es que los jueces de primera instancia no valoraron el convulso contexto social en el que se dio la detención y, tomando en cuenta que podría prestarse para persecución política, debía mantener gran objetividad en el asunto.

Incluso, por ese escenario, era importante “definir la credibilidad y peso probatorio de los distintos testimonios que se rindieron en el juicio que precedió al fallo impugnado (…) Ya que los testigos de cargo, así como los de descargo, podrían estar política o ideológicamente vinculados o influenciados, por las situaciones de fondo que para la fecha de los hechos de marras, determinaron el convulso contexto social que se dio a nivel nacional”, enfatizó.

Resumen del caso

Este asunto se remonta al 11 de setiembre del 2018, cuando Carlos Andrés Pérez fue detenido cuando aparentemente huía de la planta tras causarle daños a la válvula de una esfera que guarda gas LPG, justo en el momento en que un barco se disponía a descargar el producto.

Esto se dio el segundo día de la huelga contra el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, conocido como reforma fiscal. Para ese momento, los empleados de Recope se habían sumado al movimiento.

De manera cautelar, el imputado estuvo 14 días en prisión preventiva, pero luego quedó en libertad con medidas cautelares.

El caso llegó a juicio en noviembre del 2018 cuando el Tribunal de Flagrancia lo condenó a dos años de prisión por el delito de daños agravados. También inhabilitó al trabajador para el ejercicio de cargos públicos durante 10 años.

Asimismo, se envió a Pérez a seis meses de prisión preventiva mientras la resolución adquiría firmeza. La restricción de la libertad la fundamentó en el peligro de que incurriera en un nuevo delito.

Sin embargo, el Tribunal de Apelación de Sentencia de Goicoechea, el 26 de febrero del 2019, anuló la pena, ordenó la realización de un nuevo juicio y al mismo tiempo, mandó a poner en libertad a Pérez de manera inmediata.

Empero, la Fiscalía Adjunta de Limón planteó ante la Sala Tercera un recurso de casación contra esa resolución, que fue resuelto el pasado 14 de agosto del 2020 con la devolución del expediente al Tribunal Penal de Limón.

En ese despacho fue donde se realizó el segundo juicio que fue anulado el 4 de julio pasado.

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