El plazo para participar en el concurso temporal para la Revisión Técnica Vehicular (RTV) se ampliará por nueve días, informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes; en tanto, la diputada Carolina Delgado interpuso una denuncia para detener el proceso.

Inicialmente el período de recepción de ofertas terminaba este miércoles 20 de julio.

El contrato temporal del “permiso precario” se planteó por el Gobierno luego de que el pasado 15 de julio la empresa española Riteve dejara de operar en Costa Rica, tras el vencimiento del contrato que mantuvo con el Estado durante 20 años; dejando al país sin la inspección vehicular. 

El plan del Poder Ejecutivo es otorgar en un plazo de dos meses, puntualmente al 15 de septiembre, un permiso “precario” de funcionamiento a un nuevo oferente. 

Denuncias

Este miércoles la diputada Carolina Delgado, del partido Liberación Nacional, anunció que presentó una denuncia formal ante la Contraloría General de la República, para detener el proceso de permiso precario que planea realizar el Gobierno.

Según afirma la legisladora, la Procuraduría General de la República le informó, tras consultas realizadas, que las autoridades del Ministerio de Transportes están jurídicamente imposibilitados de llevar adelante el proceso para recibir, tramitar y otorgar el permiso de uso en precario, y que es el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) el que podría realizarlo, según el artículo 25 de la ley de Tránsito. 

“Estamos frente a un acto que a todas luces resulta ilegal e improcedente. En caso de que se avance y se otorgue el permiso de uso en precario para los próximos dos años, como lo pretende el Gobierno, podría generarse una responsabilidad para la Administración e incluso posibles demandas en contra del Estado por parte de aquellas empresas que hayan concursado y que no hayan sido adjudicadas, por no cumplir al pie de la letra lo que la legislación estipula al respecto”, manifestó la diputada Carolina Delgado.

En la denuncia formal presentada ante la Contraloría, la legisladora además solicita que se puedan establecer las eventuales responsabilidades administrativas de funcionarios por la forma en que ha procedido el Gobierno y valorar si es imputable la comisión del delito de prevaricato, de conformidad con lo establecido en el artículo 357 del Código Penal.

Precisamente, Riteve remitió, previo al vencimiento de su contrato con el Gobierno, varias consultas a la Contraloría General de la República con la intención de aclarar supuestas inconsistencias en el cartel del Mopt. No obstante, los reclamos fueron rechazados por el ente rector. 

Plan del cartel

El cartel publicado por el Mopt indica que el nuevo encargado de la revisión técnica vehicular trabajaría bajo esa figura durante dos años, tiempo suficiente para preparar un cartel a largo plazo. 

Luis Amador, ministro de Transportes, dijo a medios de prensa el pasado viernes, que ya sabía de cuatro empresas interesadas en participar en el cartel; pero ninguna de ellas había formalizado su intención. 

Esa misma semana, Amador detalló que una de las empresas interesadas era de España y que planeaban visitar los planteles en los próximos días para aclarar detalles. 

El ministro se negó a revelar información de los otros interesados, eso sí, descartó que uno de ellos fuera Riteve. 

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