Información redactada por Daniel Suárez

Un total de 1.309 funcionarios públicos recibieron el Bono Proteger (beneficio creado para ayudar a trabajadores afectados por el impacto económico de la pandemia) pese a que tenían prohibido optar por ese dinero.

Fallas en los filtros permitieron que esos empleados recibieran, en total, ¢158 millones, por lo que a mediados de junio, el Gobierno aseveró que todos ellos debían devolver el dinero obtenido en un periodo máximo de un mes. De lo contrario, se podrían ver envueltos en procesos judiciales.

Sin embargo, pasado ese plazo, la realidad es muy distinta. Según un comunicado de prensa enviado por el Ministerio de Trabajo, los funcionarios públicos han devuelto solo una ínfima parte: ¢2 millones. Es decir, solo se ha podido recuperar un 1,3%.

Lo anterior pese a que el Ministerio solicitó, hace un mes, a las 107 instituciones del Gobierno, a las que pertenecen esos empleados, facilitar la gestión de cobro.

Del total de las entidades, solo 21 respondieron confirmando ciertas devoluciones y comunicando algunas sanciones a los trabajadores, pero en el boletín de prensa no se detalla cuántos funcionarios fueron castigados ni el cómo.

Dudoso bono

Según el comunicado de prensa enviado por el Ministerio, la falta de controles y omisiones resultaron en una pérdida de recursos públicos cercana a los ₡8.500 millones.

A partir del 2021, un órgano recuperador conformado por el MTSS, se ha encargado de buscar opciones para recuperar el dinero que se le dio a personas que pertenecían a la lista de excepciones y, por lo tanto, no aplicaban para recibir el subsidio.

Sin embargo, el camino ha sido tortuoso y, por ende, los buenos resultados han costado en llegar.

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