La Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual acusó a la superintendente de Valores, María Lucia Fernández Garita, por cometer un supuesto incumplimiento de deberes en el caso conocido mediáticamente como Aldesa.

En una intervención realizada en Corte Plena este lunes, el fiscal general interino Warner Molina Ruiz dio a conocer que tanto ella como otros cinco directivos de la Superintendencia General de Valores (Sugeval) fueron señalados porque supuestamente no controlaron las operaciones de intermediarios bursátiles.

Esta acusación, que se presentó en noviembre pero que trascendió hasta este lunes, forma parte de una investigación penal contra Aldesa Corporación de Inversiones por declarar la imposibilidad de pagos a 500 clientes que invirtieron $200 millones en proyectos inmobiliarios de esa empresa.

Los directivos figuraban como investigados en esa pesquisa, que comenzó en 2019, lo cual les permitió establecer que ellos “no hicieron el trabajo que debían hacer”, dijo Molina, sin ahondar en mayores detalles.

Sin embargo, como el delito que se les achaca es castigado con penas no mayores a los cuatro años, se corría el riesgo de que prescribiera, por lo que los fiscales a cargo decidieron separar este caso del expediente principal.

“Los funcionarios de Sugeval no hicieron su trabajo, que es controlar, supervisar y autorizar las operaciones de intermediarios bursátiles. Encontramos elementos suficientes de que Sugeval no hizo el trabajo que debía hacer. (…) Se separó de causa principal porque el incumplimiento de deberes tiene una pena menor y los plazos de la prescripción son diferentes (…) Ahora no hay riesgo de que prescriba”, recalcó Molina.

Actualmente, el expediente está en el Juzgado Penal de Hacienda, en donde se realizará la audiencia preliminar en contra de los funcionarios. Se desconoce la fecha.

La presunta estafa

Tras estas declaraciones de Molina, vale la pena recordar en qué consiste el caso Aldesa. En marzo del 2019, la Fiscalía recibió una denuncia por presunta estafa cometida por Javier Chaves Bolaños, presidente de Aldesa y quien había sido ministro de Transportes entre el 2002 y el 2004.

Meses después, el Ministerio Público ordenó la detención de Chaves, a quien se le indagó por los delitos de estafa mayor, administración fraudulenta, libramiento de cheques sin fondos, autorización y publicación de balances falsos, autorización de actos indebidos e incumplimiento de deberes.

Tras la indagatoria, el presidente de Aldesa quedó en libertad y, a su salida de los Tribunales de Justicia en aquel momento, aseguró a los medios que lo que tenía era un problema de liquidez que le impidió continuar con los pagos de los inversionistas, pero que eso no significaba que los había estafado.

Sin embargo, la investigación continúa para poder esclarecer qué fue lo que ocurrió.

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