Por Roger Espinoza

El marco legal en Costa Rica sobre la gestión de conflictos de interés está fragmentado, lo que dificulta a funcionarios públicos conocer las medidas que se les aplica en el momento en que cometen la falta, alertó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

La Organización entregó a las autoridades nacionales el estudio ‘Revisión de la Integridad de Costa Rica: Salvaguardando los logros democráticos’, en el que analizó la situación del país en materia de corrupción.

Según el documento, si bien Costa Rica cuenta con una de las democracias más estables de latinoamérica, lo cierto es que no se escapa de actos de corrupción; un ejemplo de ellos fueron los casos conocidos popularmente como Cochinilla y diamante, destapados en el 2021.

Con respecto a los conflictos de interés, la OCDE indica que solo se proporcionan prohibiciones y sanciones generales.

“No existe una definición clara de lo que es un conflicto de interés, lo que ha socavado el desarrollo de un sistema general con responsabilidades institucionales claras para prevenir y gestionar los conflictos de interés”, detalla. 

Pese a ello, el informe evidenció que Costa Rica tiene capacidad para combatir la corrupción, e incluso, mayor al de algunos países pertenecientes a la OCDE.

La investigación destaca, además, la buena aplicación del deber de probidad y acciones para fortalecer la coordinación entre distintos actores para el desarrollo de una política de integridad pública, a partir de la Estrategia Nacional para la Integridad y Prevención de la Corrupción (Enipc). 

El presidente Rodrigo Chaves, agradeció a la OCDE por el apoyo brindado en distintas áreas al país, y recordó que la lucha contra la corrupción será bandera durante la presente Administración. 

“Sobre la aspiración de la prosperidad se extiende la sombra de la corrupción, un mal infame, de oscuros brazos que terminan convirtiendo a los estados en máquinas ineficientes al servicio del clientelismo que condena a nuestras economías al rezago permanente y hace que las personas dejen de creer en la clase política”, comentó Chaves. 

Puntos débiles.

La organización consideró que el país tiene una gran fragmentación del marco normativo y que los funcionarios públicos carecen de una orientación efectiva en materia de combate contra la corrupción.

El organismo recomendó al país establecer una comisión de coordinación permanente que involucre a actores clave; la secretaría técnica de la comisión fue asignada a la Procuraduría de la Ética Pública. 

Tampoco existe una definición clara de lo que es un conflicto de interés, lo que ha socavado el desarrollo de un sistema general con responsabilidades institucionales claras para prevenir gestionar los conflictos de interés señala el informe en su resumen ejecutivo.

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